El Ministerio Público presentó acusación contra ocho personas por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones reiterado, entre ellas el senador Miguel Ángel Calisto, a quien la Fiscalía atribuye haber participado en un esquema que habría defraudado al Congreso Nacional por más de $103 millones mediante asesorías parlamentarias ficticias.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Local de Coyhaique, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación iniciada antes de que Calisto asumiera como senador por la Región de Aysén el pasado 11 de marzo.
Según informó el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, el Ministerio Público ofrecerá en el eventual juicio oral abundante prueba documental, pericial y testimonial para acreditar los hechos imputados.
Respecto de los principales acusados —entre ellos el senador Calisto, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo—, la Fiscalía sostiene que enfrentan delitos cuya penalidad corresponde a crímenes, debido al monto involucrado, superior a los $100 millones, y al carácter reiterado de las conductas investigadas.
De acuerdo con la acusación, entre 2018 y 2022 el entonces diputado Miguel Ángel Calisto se habría concertado con Cárcamo y Graf para obtener recursos públicos mediante un mecanismo defraudatorio, ocasionando un perjuicio al Fisco de $103.664.697.
La Fiscalía sostiene que el mecanismo consistía en la contratación y rendición de servicios parlamentarios que nunca fueron efectivamente prestados. En ese contexto, afirma que Carla Graf “nunca realizó asesorías parlamentarias reales” para Calisto y que sus contratos habrían servido únicamente como un mecanismo para obtener de manera irregular recursos fiscales.
Según el Ministerio Público, los honorarios pagados por el Congreso a Graf fueron posteriormente transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto y a Roland Cárcamo, quienes los habrían utilizado para beneficio personal.
El fiscal Libedinsky calificó el mecanismo como “un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos” basado en “asesorías fantasmas y una caja pagadora”.
El caso adquiere especial relevancia política debido a que Calisto, senador independiente integrante de la bancada de Evópoli, mantiene un voto considerado clave en el actual equilibrio de fuerzas del Senado, donde ha participado en votaciones relevantes como la aprobación en general de la megarreforma impulsada por el Gobierno y ha manifestado diferencias respecto de algunas acusaciones constitucionales. (NP-ChatGPT-La Tercera)