Una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Aysén derivó en la acusación contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto, luego de que el Ministerio Público concluyera que existen antecedentes para atribuirle una participación reiterada en el delito de fraude al Fisco mediante la contratación de una asesora que, según la indagatoria, no habría realizado funciones efectivas.

El fiscal regional Hernán Libedinsky presentó la acusación contra el parlamentario y solicitó una pena de 12 años de cárcel. La causa se originó en 2022 y apunta al uso de recursos públicos destinados a asesorías parlamentarias durante la etapa en que Calisto ejercía como diputado.

DECLARACIÓN DE EXASESORA

Uno de los principales antecedentes incorporados en la investigación corresponde al testimonio de Carla Graf, quien también fue acusada en la causa junto a su esposo, Roland Cárcamo, excolaborador del parlamentario.

Según la declaración entregada ante el Ministerio Público, Graf sostuvo que su contratación como asesora desde 2018 habría sido únicamente formal y que no realizó las labores establecidas en los contratos financiados con recursos del Congreso.

La imputada aseguró que los informes asociados a sus boletas de honorarios no fueron elaborados por ella y que contenían registros de actividades que, según su versión, no correspondían a trabajos efectivamente realizados.

Graf afirmó ante los investigadores que no entregó asesorías escritas, verbales ni de otro tipo, y que las funciones descritas en los documentos contractuales tampoco habrían sido desarrolladas por terceras personas.

INVESTIGACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS

De acuerdo con el testimonio incluido en la investigación, parte de los pagos recibidos habrían sido destinados a un fondo administrado para distintos gastos vinculados a actividades políticas. La imputada señaló que esas gestiones eran coordinadas principalmente por su esposo y el entonces diputado Calisto.

La declaración también abordó la compra de una parcela ubicada en la Región de Aysén. Graf sostuvo que, aunque aparecía vinculada a la propiedad, el terreno habría estado relacionado con el parlamentario y que los pagos se habrían realizado utilizando parte de los recursos provenientes de las asesorías.

Asimismo, la investigación indaga el eventual uso de esos fondos para apoyar campañas políticas y realizar pagos a otros colaboradores cercanos al entorno del senador.

La acusación presentada por la Fiscalía forma parte de una etapa del proceso penal en la que se busca llevar los antecedentes a juicio. Además de Calisto, otros involucrados enfrentan cargos relacionados con la presunta utilización irregular de recursos públicos.

El parlamentario mantiene la calidad de acusado mientras continúa el desarrollo del procedimiento judicial, instancia donde deberán ser evaluados los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y las defensas de los involucrados. (NP-ChatGPT-La Tercera)