El fiscal nacional, Ángel Valencia, evitó respaldar la afirmación del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien aseguró que organismos de inteligencia de su país disponen de antecedentes que vincularían a organizaciones de izquierda con el origen de las protestas y episodios de violencia registrados durante el estallido social de 2019.

Valencia confirmó, en cambio, que las investigaciones que permanecen vigentes por hechos relacionados con ataques al Metro fueron concentradas en una sola fiscalía y señaló que causas anteriormente cerradas por falta de antecedentes podrían reabrirse si aparece nueva información relevante.

La controversia surgió después de que Judd afirmara que existe un “análisis específico” de organismos de inteligencia estadounidenses sobre los acontecimientos de 2019 y sostuviera que sus conclusiones apuntarían a organizaciones de izquierda o vinculadas ideológicamente con ese sector.

El diplomático reconoció, sin embargo, que esos antecedentes no habían sido entregados a la justicia chilena. Hasta ahora, tampoco se han divulgado públicamente documentos que permitan verificar de manera independiente el contenido y alcance del supuesto análisis.

Ante las declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador para solicitar mayores detalles y evaluar la entrega de cualquier información pertinente a las instituciones chilenas competentes.

Consultado sobre el asunto, Valencia recordó que durante 2025 encargó un informe estadístico sobre los delitos y acontecimientos registrados entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

El fiscal nacional confirmó además que las investigaciones todavía abiertas fueron concentradas bajo la responsabilidad del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, particularmente aquellas vinculadas con ataques a estaciones del Metro.

La decisión modificó el esquema utilizado al comienzo del estallido social, cuando las investigaciones quedaron distribuidas entre cuatro fiscalías regionales. Barros podrá considerar además antecedentes y evidencia recopilados en causas relacionadas que ya hayan terminado, según explicó Valencia.

Las investigaciones actualmente vigentes permanecen bajo reserva, por lo que será el fiscal responsable quien determine cuándo y qué antecedentes pueden hacerse públicos conforme a las normas procesales.

Preguntado específicamente sobre si las diligencias realizadas hasta ahora permiten atribuir los episodios de violencia a organizaciones de izquierda, Valencia evitó establecer esa conclusión.

“No quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza”, señaló el fiscal nacional, quien explicó que precisamente uno de los propósitos de concentrar las investigaciones pendientes es intentar esclarecer interrogantes sobre el origen de los ataques y determinar si existió algún grado de coordinación.

Valencia también dejó abierta la posibilidad de revisar investigaciones en caso de que Estados Unidos entregue nuevos antecedentes con relevancia penal. Según explicó, aquellas causas cerradas por falta de información pueden reabrirse mientras no hayan vencido los correspondientes plazos de prescripción.

Distinta es la situación de investigaciones concluidas mediante sentencia definitiva o sobreseimiento definitivo, cuyos efectos jurídicos impiden tratarlas de la misma manera que una causa archivada por insuficiencia de antecedentes.

Respecto de por qué el embajador estadounidense no habría entregado previamente la información que asegura conocer, Valencia evitó cuestionar su actuación y señaló que no le corresponde evaluar las decisiones de un representante diplomático extranjero.

El fiscal nacional destacó que existe cooperación habitual entre Estados Unidos y el Ministerio Público chileno en materias como investigaciones criminales y extradiciones, pero no confirmó que la Fiscalía haya recibido información de organismos estadounidenses que sustente la tesis expuesta por Judd.

Los antecedentes conocidos públicamente hasta ahora tampoco permiten establecer la existencia de una organización específica responsable de coordinar la violencia durante el estallido social. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó en agosto su trabajo sin identificar instigadores, financistas u organizaciones responsables, pese a haber analizado distintas hipótesis.

De esta manera, las afirmaciones del embajador permanecen hasta ahora en el terreno de una declaración no respaldada públicamente por los informes a los que hizo referencia. La eventual entrega de esos documentos a las autoridades chilenas será determinante para establecer si contienen información nueva que pueda tener efectos sobre investigaciones penales todavía abiertas o sobre causas susceptibles de ser reactivadas. (NP-ChatGPT-Bio Bio)