El Ministerio Público confirmó este miércoles el inicio de una investigación contra el recientemente designado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de conocerse conversaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla.

La indagatoria se originó tras una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, quienes solicitaron esclarecer eventuales delitos que podrían derivarse de los mensajes intercambiados entre Zaliasnik y el jurista imputado en el caso Audios.

Según los parlamentarios, las comunicaciones revelarían gestiones orientadas a influir en nombramientos dentro del Poder Judicial. En ese contexto, la denuncia solicita investigar posibles hechos constitutivos de tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

La causa quedó radicada en la Fiscalía Regional de Valparaíso, que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades penales.

Tras conocerse la apertura de la investigación, la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica) manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre la representación internacional del país.

El presidente de la entidad, Sebastián Lorenzini, sostuvo que quienes ejercen funciones diplomáticas deben contar con una conducta intachable y una trayectoria acorde con los principios de probidad, transparencia y respeto al Estado de Derecho, dada la confianza que el Estado deposita en ellos.

Desde la directiva de Adica recalcaron su respeto por el trabajo de los órganos de justicia y el desarrollo de la investigación, aunque señalaron que este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer criterios objetivos de idoneidad, experiencia y probidad en los nombramientos de cargos de alta responsabilidad internacional.

PS CUESTIONA NOMBRAMIENTOS DE ZALIASNIK Y SINCLAIR

Una ofensiva política contra los recientes nombramientos diplomáticos del Gobierno inició el Partido Socialista (PS), al solicitar la suspensión del embajador designado en Israel, Gabriel Zaliasnik, y manifestar su rechazo a la nominación de James Sinclair como representante de Chile ante la Santa Sede.

En el caso de Zaliasnik, la controversia surge luego de que el Ministerio Público confirmara la apertura de una investigación a partir de una denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del PS, por conversaciones del abogado con Luis Hermosilla. La causa será investigada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La denuncia solicita indagar eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

La senadora Daniella Cicardini afirmó que las conversaciones atribuidas a Zaliasnik revelarían hechos de especial gravedad, entre ellos un eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político, por lo que sostuvo que esos antecedentes deben ser investigados.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri señaló que los mensajes conocidos no corresponderían a simples conversaciones privadas, sino que darían cuenta de posibles usos de recursos públicos, influencias sobre jueces y acciones de espionaje político, situaciones que, a su juicio, requieren una investigación exhaustiva.

Posteriormente, el Partido Socialista emitió una declaración pública en la que llamó al Gobierno a suspender el nombramiento de Zaliasnik, argumentando que los antecedentes conocidos comprometen la credibilidad e integridad de la representación del Estado. Además, emplazó al Ejecutivo a explicar la evaluación realizada antes de concretar la designación y si conocía previamente estos antecedentes.

En paralelo, la bancada de senadores socialistas manifestó su rechazo a la designación de James Sinclair como embajador de Chile ante el Vaticano, recordando que existen antecedentes públicos sobre su presunta vinculación con la destrucción de archivos relacionados con organismos de inteligencia de la dictadura.

Los parlamentarios sostuvieron que el Gobierno debe explicar por qué considera que dicha nominación fortalece la imagen internacional de Chile y representa adecuadamente los valores democráticos y el compromiso del país con los derechos humanos.

Asimismo, señalaron que la representación ante la Santa Sede exige una trayectoria que contribuya a fortalecer la confianza pública, la memoria, la justicia y los valores éticos, por lo que estimaron que la preservación de archivos vinculados a organismos represivos constituye una materia de interés democrático que requiere máxima transparencia. (NP-ChatGPT-La Tercera)