El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que Chile enfrenta importantes desafíos en materia de control fronterizo debido a la extensión y permeabilidad de sus límites territoriales, escenario que, a su juicio, favorece la acción de organizaciones criminales transnacionales.

La advertencia fue realizada en el marco de la cumbre “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, encuentro que reunió en la capital a representantes de diversos países sudamericanos para abordar estrategias conjuntas frente al avance del crimen organizado.

En declaraciones posteriores, Valencia sostuvo que las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina presentan complejidades significativas para el control estatal, especialmente debido a actividades vinculadas al contrabando, tráfico de drogas, trata de personas y migración irregular. En ese contexto, comparó la situación regional con una “suerte de espacio Schengen”, aludiendo a la facilidad con que organizaciones criminales pueden desplazarse entre distintos países.

Durante su exposición, el jefe del Ministerio Público destacó que la extensa frontera con Argentina, que supera los cinco mil kilómetros, representa uno de los principales desafíos para la persecución penal. Entre las problemáticas identificadas figuran la fuga de prófugos de la justicia y el tráfico ilegal de armas a través de pasos fronterizos habilitados y no habilitados.

Valencia señaló que las autoridades chilenas y argentinas han fortalecido los mecanismos de cooperación bilateral, incluyendo equipos conjuntos de investigación orientados a combatir el tráfico de armas y otras formas de criminalidad transfronteriza.

El fiscal nacional también advirtió sobre el impacto del narcotráfico en las zonas fronterizas, destacando que la cercanía con países productores de drogas convierte a Chile en una ruta relevante para las organizaciones criminales. En ese contexto, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con Perú, especialmente en puertos y pasos fronterizos.

Entre las preocupaciones expuestas figura además el funcionamiento del megapuerto de Chancay, en Perú, cuya operación plantea nuevos desafíos para impedir que infraestructuras portuarias de la región sean utilizadas para el tráfico internacional de drogas hacia mercados asiáticos.

La Fiscalía ha detectado la presencia en Chile de organizaciones criminales provenientes de distintos países de la región. Entre ellas se encuentran grupos peruanos dedicados a extorsiones, homicidios y narcotráfico, así como estructuras ecuatorianas vinculadas al tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y tráfico de armas. Varias de estas organizaciones mantienen nexos con grandes carteles internacionales.

Según antecedentes expuestos por el Ministerio Público, en la zona norte existen al menos 200 pasos no habilitados identificados por las autoridades, situación que genera preocupación debido al ingreso de drogas, armas y otros ilícitos. Solo en la Región de Antofagasta se incautaron más de 38 toneladas de droga durante 2025.

La preocupación también se extiende a la zona austral. Autoridades regionales han advertido que el fortalecimiento de los controles en el norte ha impulsado a algunas organizaciones criminales a utilizar rutas alternativas a través de Argentina para ingresar a Chile por el extremo sur del país

Fiscales, autoridades regionales y representantes comunales de Magallanes han manifestado inquietud por la escasa presencia de barreras geográficas naturales y la limitada capacidad de fiscalización en extensos sectores fronterizos, factores que podrían ser aprovechados por redes dedicadas al narcotráfico, contrabando y otras actividades ilícitas. (NP-ChaGPT-Emol)