El fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció haber mantenido una deuda universitaria vigente por años, la que —según explicó— fue regularizada recientemente, en un contexto marcado por su divulgación pública.
La situación se conoció tras un reportaje que reveló que el jefe del Ministerio Público figuraba entre más de 30 altos funcionarios del Estado con deudas asociadas al Fondo Solidario de Crédito Universitario, lo que abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de obligaciones financieras por parte de autoridades.
Inicialmente, se informó que la deuda de Valencia ascendía a 218 UTM, cifra que luego fue precisada por el propio fiscal, quien señaló que el monto real correspondía a 75,51 UTM, tras una reprogramación que incluía intereses acumulados desde su egreso.
El persecutor sostuvo que el saldo pendiente correspondía al último año de su carrera y aseguró que la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, ya fue pagada antes de la publicación del reportaje.
No obstante, los antecedentes indican que el pago se concretó pocos días antes de la difusión de la investigación y luego de consultas realizadas por la prensa, lo que ha generado cuestionamientos sobre el momento en que se regularizó la situación.
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre deudas educativas en Chile, especialmente tras el anuncio del Gobierno de reforzar los mecanismos de cobro a quienes mantienen obligaciones pendientes con el sistema de financiamiento estudiantil. (NP-ChatGPT-Bio Bio)