Nuevos antecedentes dio a conocer la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, en torno al caso relacionado con los siete exsuboficiales del Ejército que formaban parte de una organización dedicada a trasladar droga desde Iquique a Santiago.
La persecutora también se refirió al caso de cinco funcionarios de la Fuerza Aérea (FACh) que fueron sorprendidos trasladando sustancias ilícitas, también desde el norte a la RM.
Sobre esto último, la FACh ha mantenido reserva de los antecedentes de la indagatoria que buscan llevar por la vía de la justicia militar, lo que ha abierto una disputa de competencias con el Ministerio Público.
En esa línea, la fiscal Steintert dijo esta mañana a Radio Universo que «sé por la prensa que son cinco los imputados, entiendo que lo más probable es que sea ketamina, pero a ciencia cierta no lo sé, porque la Fuerza Aérea nos negó los antecedentes».
Consultada por el caso de los militares que transportaban droga -caso que sí está en manos del Ministerio Público-, la fiscal comentó que «es una investigación vigente, reservada. Ellos habían hecho otros movimientos, eso ya está acreditado».
«Tenemos acreditado por ahora, que venían operando al menos desde el año pasado, en este mismo modus operandi, y lo demás sigue con la línea investiga para ver hacia dónde se dirigían específicamente, sabemos que RM, pero para poder llegar a establecer a quién se le vendía en la RM. Y establecer de dónde viene (la droga), sabemos que viene de Bolivia, no es producción nacional, pero hay que establecer de dónde específicamente», subrayó.
Asimismo, la fiscal dijo que se han acreditado «por lo menos 10 envíos» de los vehículos conducidos por los militares en la ruta Iquique-Santiago para transportar la droga, «desde octubre del año pasado».
Aunque todavía se desconoce cuánta droga lograron trasladar, el día de la detención, cada auto llevaba 94 kilos en su interior.
Por su parte, esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, profundizó en Radio Cooperativa que «se realizaron al menos 17 viajes previos, tenían una logística y estructura de vehículo que operaban como una cápsula de seguridad en la carretera, y además tenían maneras de guardar esos vehículos por determinados días para volver a su circulación».
DISPUTA DE COMPETENCIA
El caso de los funcionarios de la FACh ha abierto una disputa de competencias entre esa institución y la Fiscalía, puesto que desde el Ministerio Público afirman que se habría incurrido en el delito de la ley 20.000 de drogas, que afecta a la salud pública, por lo que debe ser indagado por la justicia ordinaria.
Sobre aquello, la fiscal Steinert sostuvo que «estas son discusiones jurídicas que tenemos que dar como Ministerio Público, ya que tenemos la convicción que lo que corresponde es que nosotros seamos los llamados a investigar, independiente de que esta indagatoria obedece a controles internos de la propia FACh como pasó en el caso de los militares del Ejército, los llamados a conocer las investigaciones de un delito común es la justicia ordinaria».
«En ese sentido, yo pedí formalmente los antecedentes el viernes a la FACh, y estos me fueron negados también formalmente. En atención a eso recurrí a la Corte (de Apelaciones de Iquique), para que atención a las atribuciones que tiene, le ordene -a la FACh- entregar los antecedentes al Ministerio Público. Pero además, en la tarde, viendo que se trata de un delito común, presenté la solicitud al tribunal de garantía de que se trabe la contienda de competencias», dijo la persecutora regional.
Lo anterior implica que la fiscal pidió la causa para que sea vista por el Ministerio Público, y a partir de la solicitud, «el tribunal fija una fecha y ahí tenemos que ver cómo se resuelve y cómo seguimos los recursos procesales si es que nos va mal, así que estamos por todos lados sosteniendo nuestra postura».
Steinert dijo que desde la FACh argumentan que por las normas del código de justicia militar esta es una causa que deben ver ellos «en atención a que los imputados son de su institución, de que el delito se cometió dentro de sus recintos», sin embargo, al ser la postura del Ministerio Público que se trata de un delito común, «no vemos por dónde un delito común tenga que ser investigado por un tribunal especial y excepcional, y teniendo como análisis de víctimas, las víctimas son todos los civiles, porque afecta a la salud pública».
BORIC INSTRUYE A FISCALÍA A ENTREGAR ANTECEDENTES A FISCALÍA
Durante esta mañana, el Presidente Gabriel Boric se reunió en La Moneda con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a raíz de los casos registrados en el Ejército y en la Fuerza Aérea (FACh), donde funcionarios fueron detectados trasladando droga desde Iquique hasta la Región Metropolitana. En la instancia también participó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Este último sostuvo que el Presidente «ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo que la fiscal de Tarapacá disponga de la información adecuada que ha sido requerida».
En segundo lugar, detalló que Boric solicitó al Estado Mayor Conjunto un plan específico «para abordar los aspectos sobre organizaciones criminales, especialmente respecto a funcionamiento y operación que realizan en actualidad nuestras FF.AA. en la frontera. Para ello se ha solicitado un trabajo conjunto con Carabineros y la PDI», además de que se aborden «buenas prácticas para conductas indebidas, y cómo identificar aspectos de colaboración entre las instituciones para el plan que ha sido encomendado».
Por su parte, el ministro Elizalde dio cuenta que el Mandatario le encomendó que en el marco de la ley de Inteligencia que hoy se discute en comisión mixta en el Congreso, «realicemos ciertos ajustes para actualizar el marco normativo y dotar a más instituciones de más y mejores herramientas para prevenir hechos de esta naturaleza. Por eso, en los próximos días elaboraremos una serie de propuestas que serán presentadas como indicaciones al Congreso para hacer los ajustes en esta ley». Asimismo, las autoridades confirmaron que los funcionarios de la FACh vinculados en el caso fueron dados de baja. (Emol)
