El fiscal Héctor Barros reforzó la tesis de que el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda tuvo una motivación política y apuntó directamente al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como presunto articulador de la operación y del pago realizado a la organización criminal que ejecutó el crimen.

Las declaraciones del jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur se produjeron este viernes, en el marco de la llegada a Chile de dos imputados considerados clave en la investigación, Rafael Gámez Salas, conocido como “El Turko”, y Luis Carrillo Ortiz, alias “El Gocho”, extraditados desde Estados Unidos y Colombia, respectivamente.

Antes de la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, Barros descartó que el rapto y posterior homicidio de Ojeda correspondieran a un secuestro extorsivo convencional. El persecutor sostuvo que los antecedentes reunidos apuntan a una transacción económica gestionada desde Caracas.

Según el fiscal, la investigación mantiene la hipótesis de una participación vinculada al régimen venezolano y de un móvil político. Como uno de los argumentos, señaló que los responsables no realizaron llamadas extorsivas ni exigieron un rescate a la familia de la víctima.

Barros aseguró, sin embargo, que quienes ejecutaron el crimen sí recibieron un pago por la operación y afirmó que los antecedentes de la causa apuntan a Cabello como la persona que habría estado detrás de la negociación.

De acuerdo con la investigación, la célula criminal habría recibido inicialmente al menos el 50% del monto acordado, aunque esos recursos habrían quedado en manos de la cúpula de la organización transnacional.

El Ministerio Público atribuye la ejecución del crimen a “Los Piratas”, facción del Tren de Aragua que habría participado en el secuestro de Ojeda desde su departamento en Independencia en febrero de 2024 y en su posterior asesinato e inhumación ilegal.

La llegada de “El Turko” y “El Gocho” se realizó bajo custodia de la Policía de Investigaciones. Ambos deberán enfrentar cargos relacionados con secuestro, homicidio e inhumación ilegal.

La investigación suma hasta ahora 26 personas detenidas en Chile y el extranjero. De ellas, 19 se encuentran a la espera de juicio y tres ya han sido condenadas.

Otros seis sospechosos permanecen prófugos y mantienen órdenes de captura y notificaciones rojas de Interpol. Entre ellos figuran individuos que se habrían hecho pasar por funcionarios de la PDI para secuestrar a Ojeda desde su domicilio y que, según las indagatorias, podrían encontrarse en Venezuela.

En paralelo, el Ministerio Público continúa realizando gestiones para interrogar al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que la institución ya realizó los procedimientos que se encuentran dentro de sus atribuciones y que la posibilidad de concretar el interrogatorio dependería ahora de gestiones políticas entre los Estados involucrados.

Valencia agregó que las autoridades estadounidenses han advertido que, por el momento, una diligencia de esas características podría interferir con las investigaciones que desarrollan en ese país. (NP-ChatGPT-Cooperativa)