En Estados Unidos los presidentes usualmente gobiernan ocho años. Y también, que en los últimos días de ese lapso indulten a una cierta cantidad de condenados, algo que no es bien recibido en su país, a diferencia del nuestro, en el que favorecer a los delincuentes no provoca -en los hechos- costos políticos. Así procedieron, por ejemplo, Barack Obama o Bill Clinton.
¿Por qué lo hacen en ese momento, cuando no fue la práctica durante su mandato? Simplemente porque es un “gustito” que se dan, cuando ya no importan los costos políticos y las críticas que recibirán: no volverán a ser presidentes. Es disfrutar la plenitud del poder “and so what!”.
Algo de eso hemos vivido aquí en estos días. La Presidenta nombró consejera del Consejo de Defensa del Estado a su exministra Javiera Blanco, colaboradora muy cercana y leal, según se dice. Una nominación que ha despertado críticas entre opositores y partidarios, algo inusual. Claro, porque hace no mucho la nominada tuvo que abandonar su cargo en la cartera de Justicia, luego de meses de cuestionamientos, por la responsabilidad política que le cupo en la inacción ante las muertes de menores en el Sename y los “jubilazos” en Gendarmería. Algunos, tratando de morigerar las críticas, han dicho que no ponen en duda sus méritos para el cargo, pero que la decisión en términos políticos es impresentable. No pongo en duda los pergaminos de Blanco, pero el CDE es un organismo cuya tarea es representar al fisco en juicio, por lo que es deseable una trayectoria como litigante. Que yo sepa, Blanco no la tiene.
En suma, se trata de una nominación controvertible y que no parece haberse guiado por la prudencia política. Tanto más, cuando se trata de un puesto que hoy es percibido como un “pituto” con muchas granjerías: sueldo de $ 7,5 millones, que en el hecho para muchos consejeros es de tiempo parcial, que no impone incompatibilidades y permite litigar en forma privada -incluso se han mencionado casos que están al borde del conflicto de interés-, que son inamovibles y duran hasta los 75 años. Un “jubilazo”. De hecho, el caso es muy probable que obligue a hacer las necesarias reformas en la nominación y ejercicio del cargo de consejero, porque -como dijo un político oficialista- “no dan para más”.
Pero, entonces, ¿por qué lo hizo la Presidenta? Porque al estilo de sus colegas norteamericanos, ella siente que el gobierno llegó a su fin, aunque falte todo un año. Eso es lo que este caso revela. Pues ya no va a recuperar la popularidad que tuvo ni su capacidad para controlar la agenda. Ni siquiera se le advierten ganas de seguir; solo esperar el término cronológico del mandato. Así las cosas, puede ejercer su poder discrecionalmente, sin importar los costos. Ya no volverá a ser Presidenta, de forma que poco o nada importan las críticas. Algo como: doy el beneficio a quien yo quiero, porque puedo y “so what!”.
Será “el año que viviremos en peligro”, porque vaya que preocupa que un político piense que poco importan las cosas. Y eso, en un país como Chile, en que el presidente tiene más poder constitucional que su colega del norte, como irá aprendiendo Donald Trump. (La Tercera)
Axel Buchheister
