¿Cómo debería responder una democracia robusta ante este desafío? Con más información, mayor transparencia, con el chequeo de fuentes de información, con el escrutinio público y con sana crítica.
Por ende, cualquier interés por limitar la libertad de expresión ex ante —censura— o por establecer verdades oficiales solo aumenta la desinformación, daña aún más nuestra convivencia nacional y es uno de los principales factores por los cuales “mueren las democracias”. De hecho, quienes han seguido estas políticas son autoritarismos o dictaduras, o van en serio riesgo de convertirse en ellas.
Por esto mismo, nos parece preocupante la creación por decreto de una “Comisión asesora contra la desinformación” dependiente, extrañamente, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, quizá en el intento de no levantar legítimas sospechas de censura, pero también con el riesgo de pretender establecer como verdades científicas lo que por definición es del ámbito político y social.
Preocupa especialmente que el mandato de la comisión incluya la elaboración de un informe que entregue “lineamientos y/o recomendaciones para la regulación de plataformas digitales”, ya que es totalmente contradictorio con las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe 2022 recomienda a los estados miembros “evitar marcos regulatorios a los intermediarios de internet por el contenido de usuarios que circula en sus plataformas, lo que puede incentivar la dinámica de la ‘censura privada’”, como también “evitar la creación de leyes generales y/o ambiguas con el fin de combatir la desinformación en internet, como así el uso de prohibiciones penales para castigar la difusión de ‘falsedades’ o ‘información no objetiva’”.
Incluso más, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha referido a este tipo de regulaciones al señalar que “detener la libre circulación de noticias de diversas fuentes crea más desconfianza y agrava el problema en lugar de hacerle frente”.
En la misma línea, cabe recordar que incluso la expresidenta Bachelet, cuando se desempeñaba como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que “los gobiernos no deben intentar ordenar oficialmente lo que es falso y lo que es verdadero; nuestro derecho humano a acceder y difundir información no se limita solo a lo que el Estado considera exacto”.
Ya desde la campaña presidencial, las actuales autoridades de gobierno venían manifestando su interés por incorporar regulaciones en materia de medios de comunicación con miras a “combatir la desinformación”. Así, esta comisión se suma a la criticada iniciativa “Gobierno informa”, vista por algunos como un intento de generar un espacio protegido de las preguntas de la prensa, y al proyecto “más amplitud, más voces, más democracia”, desarrollado en 2022 y cuyo informe final recomendó, entre otras cosas, la elaboración de un “código de ética para la labor periodística” que establezca “las condiciones de publicación y/o emisión de la información”, cuestión que evidentemente no puede hacer el gobierno, ya que significaría una censura previa, que violaría el derecho a la libertad de expresión y a difundir información sin ningún tipo de interferencia o presión.
Creemos que esta comisión supone un grave riesgo de tener en realidad menos voces, más silenciosas y elegidas por un sector ideológico. Es necesario también que los consejeros constitucionales ratifiquen la importancia de la libertad de expresión en el nuevo texto, e inclusive reforzándola, para así evitar cualquier intento de debilitarla, ya que sería debilitar la democracia.
Jaime Bellolio
Karla Rubilar
Cecilia Pérez
Exministros Segegob
Carolina Cuevas
Catalina Parot
Expresidentas CNTV
Eugenio Armstrong
Emardo Hantelmann
Exsubsecretarios Segegob
