La dirección nacional del Frente Amplio manifestó su rechazo a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió que algunas de las facultades contempladas en la iniciativa podrían afectar garantías fundamentales y debilitar el Estado de derecho.
A través de una declaración pública difundida este jueves, la colectividad opositora sostuvo que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo no responden adecuadamente a las preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad y cuestionó especialmente las atribuciones asociadas al nuevo estado de excepción.
Según el Frente Amplio, el mecanismo podría llegar a extenderse hasta por 240 días y permitiría restringir la libertad personal, limitar reuniones, intervenir comunicaciones y requisar bienes sin autorización judicial ni acuerdo del Congreso Nacional.
La colectividad planteó además dudas respecto de los mecanismos de control sobre esas atribuciones y advirtió sobre el riesgo de que eventualmente puedan ser utilizadas no solo contra organizaciones criminales, sino también contra dirigentes sociales, sectores de oposición o medios de comunicación.
El partido afirmó que una estrategia efectiva contra el crimen organizado debería concentrarse en fortalecer la inteligencia financiera, aumentar el control de puertos y armas y entregar mayores capacidades a las policías en los territorios donde operan las organizaciones delictivas. A juicio de la colectividad, esas prioridades no estarían suficientemente incorporadas en la reforma.
En su declaración, el Frente Amplio acusó al Ejecutivo de buscar ampliar excesivamente las atribuciones presidenciales y sostuvo que el proyecto podría alterar los contrapesos existentes entre el Gobierno, el Congreso y los tribunales de justicia.
La colectividad también cuestionó la propuesta que impediría el acceso a determinadas prestaciones de salud a personas condenadas por terrorismo y crimen organizado. El partido recordó que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado contra la pérdida de beneficios sociales como una sanción adicional y afirmó que este tipo de medidas no contribuye directamente a desarticular las estructuras criminales.
Frente a la propuesta gubernamental, el Frente Amplio llamó a desarrollar una política de seguridad basada en un diagnóstico riguroso, fiscalización de las leyes actualmente vigentes y medidas destinadas a intervenir las fuentes de financiamiento, el tráfico de armas y las redes de corrupción relacionadas con el crimen organizado.
El partido aseguró estar disponible para alcanzar acuerdos legislativos que permitan fortalecer la seguridad pública, pero condicionó ese respaldo al respeto de las instituciones democráticas y las garantías constitucionales.
La declaración se suma a las diferencias que ha generado la reforma tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo, mientras el Ejecutivo busca reunir en el Senado los votos necesarios para que la iniciativa continúe su tramitación. (NP-ChatGPT-La Tercera)