La crisis de seguridad que enfrenta Chile tiene un componente asociado a la presencia de extranjeros en nuestras cárceles. Hoy, el 15,8% de la población penal es migrante, muy superior a su peso poblacional. En regiones como Arica y Tarapacá, esa cifra supera el 40%, transformando a las cárceles del norte en verdaderos centros de reclusión de bandas transnacionales.
Cada reo cuesta más de 9 millones de pesos anuales al fisco. Mantener a miles de delincuentes extranjeros tras las rejas significa decenas de millones de dólares al año, recursos que podrían destinarse a seguridad en los barrios, rehabilitación de chilenos o nuevas cárceles. En la práctica, Chile no sólo sufre el delito, sino que también paga la factura de mantener a los responsables.
El problema se agrava porque prácticamente no existen repatriaciones de condenados. El Ministerio de Justicia ha sido pasivo, y muchos países de la región se desentienden, negándose a colaborar con la identificación y expulsión una vez cumplidas las penas. El resultado: un sistema sobrepoblado que destina miles de cupos a personas que no son nacionales, mientras chilenos cumplen condenas en condiciones indignas. Además, un extranjero que cumple su pena no cumple requisitos para permanecer en Chile.
Existen alternativas. El Salvador ha ofrecido recibir presos extranjeros, incluso miembros del Tren de Aragua, a cambio de que los países financien su mantención. En Europa, el Convenio de Estrasburgo -del que Chile es parte- permite que los condenados cumplan sus penas en su país de origen, descongestionando cárceles y devolviendo responsabilidad a los Estados que exportan criminalidad. ¿Por qué Chile no ocupa este convenio o los otros que ha ratificado con Perú, Bolivia o Venezuela, que también los han suscrito? ¿Por qué no avanzar en un acuerdo con Colombia?
Los delitos cometidos en Chile deben sancionarse, pero la justicia no implica que el Estado subsidie por décadas a miles de delincuentes extranjeros. Tampoco resulta seria la propuesta de la candidata Jara de liberar narcotraficantes y enviarlos a su país de origen como una sustitución de pena, pues el riesgo de reingreso clandestino es evidente. Una política migratoria responsable exige usar las relaciones exteriores para defender el interés nacional y liberar recursos carcelarios para los chilenos.
Si queremos recuperar la seguridad, la agenda no puede limitarse a ser agencia de viaje de narcos donde reine la impunidad. También debemos exigir que cada país asuma su cuota de responsabilidad. Y eso parte por dejar de pagar nosotros solos la cuenta de los criminales extranjeros. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
