El exsuperintendente de Pensiones Osvaldo Macías rechazó las críticas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de su actuación como regulador frente a las pérdidas de los fondos D y E de las AFP, y sostuvo que las administradoras deben explicar las decisiones de inversión que provocaron una mayor exposición de los ahorros previsionales a las variaciones de las tasas de interés.
Macías afirmó que el titular de Hacienda está equivocado en sus cuestionamientos y aseguró que durante su gestión se adoptaron medidas para enfrentar los riesgos detectados en las inversiones de los fondos más conservadores.
Según explicó, una modificación al régimen de inversiones fue aprobada el 10 de marzo y posteriormente emitida por la Superintendencia de Pensiones el 9 de abril, sin cambios en su contenido. Precisó que quedó pendiente una norma operativa complementaria, pero descartó que esa situación pueda atribuirse a alguno de los gobiernos.
El exregulador señaló que las pérdidas del Fondo E deben analizarse considerando el comportamiento de los instrumentos de renta fija. Cuando aumentan las tasas de interés, los bonos adquiridos anteriormente a tasas inferiores disminuyen su valor de mercado, aunque ese mismo incremento puede favorecer las condiciones para contratar una renta vitalicia.
Sin embargo, sostuvo que las AFP extendieron excesivamente los plazos de sus inversiones y aumentaron su exposición mediante instrumentos derivados, incluidos contratos asociados a tasas de interés. Esto amplificó las pérdidas y provocó que la disminución del ahorro superara los eventuales beneficios derivados de mejores tasas para pensionarse.
Macías aseguró que durante su administración no detectó infracciones normativas, pero sí riesgos crecientes que fueron comunicados reiteradamente a los directorios y ejecutivos de las administradoras.
Según indicó, las AFP defendieron sus estrategias porque anticipaban nuevas bajas de las tasas de interés y porque esas inversiones habían generado ganancias durante 2024 y 2025.
El exsuperintendente explicó que imponer restricciones anticipadas también podía impedir que los afiliados obtuvieran mayores rentabilidades, lo que dificultaba determinar el momento adecuado para intervenir. No obstante, afirmó que su gestión impulsó modificaciones regulatorias antes de que el Fondo E comenzara a acumular pérdidas.
Respecto de las responsabilidades, sostuvo que corresponde a las administradoras explicar las operaciones realizadas, considerando que sus directorios aprueban las políticas de inversión y sus ejecutivos son responsables de implementarlas.
Macías también advirtió que las eventuales sanciones que determine la Superintendencia de Pensiones no implicarán necesariamente la devolución automática de los recursos perdidos. Una compensación obligatoria por la vía judicial dependerá de las resoluciones que adopten los tribunales.
Frente a este escenario, propuso que las AFP evalúen compensaciones voluntarias para los afiliados más perjudicados, especialmente aquellos que están próximos a jubilarse y disponen de menos tiempo para recuperar las pérdidas.
Para financiar esa medida, sugirió utilizar parte de los recursos propios que las administradoras mantienen como encaje, exigencia que disminuirá con la implementación de la reforma previsional.
De acuerdo con sus estimaciones, la reducción del encaje permitirá liberar entre US$1.500 millones y US$2.000 millones a partir de abril de 2027, recursos de los cuales podría destinarse una parte a las cuentas individuales de los afectados.
Macías aclaró que actualmente no existe una disposición legal que obligue a las AFP a efectuar esa compensación voluntaria y que su propuesta también debería considerar a los afiliados del Fondo D.
Finalmente, advirtió que las pérdidas registradas en los fondos conservadores representan un problema de confianza para el sistema previsional y reiteró que las administradoras deben entregar explicaciones claras sobre las decisiones que adoptaron con los ahorros de sus afiliados. (NP-ChatGPT-Pauta)
