Un panel de expertos en políticas públicas manifestó mayoritariamente que las acusaciones constitucionales requieren una reforma, al considerar que este mecanismo ha perdido su carácter excepcional y se utiliza cada vez con mayor frecuencia como una herramienta de confrontación política. Las conclusiones fueron comentadas por el subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Diego Gil.

El académico explicó que la principal preocupación de los especialistas radica en que las acusaciones constitucionales se han alejado de su finalidad original, orientada a sancionar infracciones constitucionales o legales de especial gravedad. A su juicio, el debate debería centrarse exclusivamente en la existencia de responsabilidades jurídico-constitucionales y no en evaluaciones de carácter político sobre la gestión de las autoridades.

Entre las propuestas que obtuvieron mayor respaldo figura elevar las exigencias para presentar y aprobar este tipo de acciones. Las alternativas consideradas incluyen aumentar el número de firmas requeridas para iniciar una acusación, establecer una interpelación previa y elevar el quórum necesario para su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el propósito de favorecer consensos más amplios.

Gil advirtió que, aunque los cambios normativos podrían contribuir a reducir el uso de este mecanismo, también resulta necesario avanzar en una transformación de la cultura política, ya que el actual escenario de polarización ha favorecido la utilización recurrente de las acusaciones constitucionales como instrumento de disputa entre oficialismo y oposición.

En la misma línea, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el rechazo del Senado a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalando que la decisión constituye una señal positiva para la estabilidad institucional. Afirmó que la acción carecía de fundamentos jurídicos suficientes y sostuvo que el uso reiterado de este mecanismo representa un riesgo para el funcionamiento del sistema político.

Cordero indicó que más de la mitad de las acusaciones constitucionales presentadas desde el retorno a la democracia se concentran entre 2018 y 2026, fenómeno que, a su juicio, refleja un deterioro de las relaciones políticas y un aumento de la confrontación institucional. Asimismo, recordó que en el pasado también cuestionó las acusaciones dirigidas contra el expresidente Sebastián Piñera, al estimar que estos procesos generan un desgaste que trasciende sus resultados.

En materia de seguridad, el exministro también expresó reparos a las iniciativas que buscan endurecer las sanciones para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos. Argumentó que la evidencia muestra que las trayectorias delictivas comienzan a edades mucho más tempranas y sostuvo que aumentar las penas, sin fortalecer las políticas de prevención y reinserción, difícilmente resolverá el problema.

Finalmente, Cordero planteó que una estrategia centrada exclusivamente en sanciones más severas podría facilitar el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, por lo que llamó a complementar el debate con medidas preventivas y programas orientados a intervenir tempranamente en los entornos donde se originan estas trayectorias delictivas. (NP-ChatGPT-Pauta)