Chile enfrenta más de una década de debilitamiento económico sostenido, con un crecimiento que no supera el 4% anual desde 2012 y un promedio cercano al 2% entre 2014 y 2025, lo que refleja una pérdida de dinamismo más allá del repunte excepcional registrado tras la pandemia.

A este escenario se suma una inversión estancada, un mercado laboral con tasas de desempleo superiores al 8% desde fines de 2022 y un deterioro de las cuentas fiscales, con niveles de deuda que superan el 26% del PIB, configurando un cuadro de menor capacidad de expansión económica.

En paralelo, analistas advierten la consolidación de un fenómeno cultural asociado al incumplimiento de obligaciones, donde prácticas como la evasión del transporte, el uso indebido de beneficios sociales o la morosidad financiera comienzan a normalizarse en la vida cotidiana.

El debate ha cobrado fuerza en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE), donde el aumento de la morosidad ha llevado a la Tesorería General de la República a activar un plan de cobro para más de 550 mil deudores, en un contexto donde la deuda total alcanza los $4 billones.

El fenómeno también se extiende a otros servicios básicos, como el agua potable, donde cerca de 495 mil clientes mantienen deudas significativas, en niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia, lo que evidencia una persistencia del problema.

La economista Cecilia Cifuentes planteó que esta situación no responde únicamente a factores económicos, sino también a un deterioro en los estándares sociales, donde la deshonestidad ha dejado de ser sancionada socialmente, afectando el comportamiento colectivo.

En la misma línea, el economista de Banco de Crédito e Inversiones, Sergio Lehmann, advirtió una pérdida del sentido de responsabilidad en el pago de obligaciones, vinculándola a cuestionamientos al sistema económico y a las instituciones.

Por su parte, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber sostuvo que los incentivos y señales desde la política pública han influido en este comportamiento, señalando que medidas como condonaciones o postergaciones de pagos pueden incentivar el incumplimiento.

Los expertos coinciden en que este fenómeno no solo tensiona las finanzas públicas y privadas, sino que también erosiona la confianza social, considerada un elemento clave para el desarrollo económico, afectando la capacidad del país para implementar políticas efectivas y sostener el crecimiento en el largo plazo. (NP-ChatGPT-Emol)