El proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, presentado por el Gobierno como una de las principales medidas anunciadas durante la última cuenta pública, abrió un intenso debate jurídico debido a las dudas que genera su compatibilidad con principios constitucionales.
Académicos y especialistas en derecho consultados sobre la iniciativa sostienen que el texto presenta eventuales problemas relacionados con la proporcionalidad de las sanciones, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el respeto de derechos fundamentales, aspectos que podrían ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional una vez concluya su tramitación legislativa.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de que las personas inscritas en el registro pierdan acceso a diversos beneficios sociales. Para la académica Paz Irarrázabal, estas prestaciones responden a derechos sociales vinculados a las necesidades de las personas y no a su comportamiento, por lo que condicionar su acceso podría resultar incompatible con principios constitucionales.
Los especialistas también manifiestan preocupación por la amplitud de las sanciones contempladas en el proyecto. Según advierten, la iniciativa agrupa conductas de distinta gravedad bajo consecuencias similares, lo que podría generar conflictos con el principio de proporcionalidad y con la igualdad ante la ley.
Edgar Fuentes-Contreras sostiene que la redacción del proyecto presenta ambigüedades respecto de la naturaleza jurídica de la inscripción y de las consecuencias que esta genera. A su juicio, la extensa lista de sanciones e inhabilidades podría poner en riesgo la constitucionalidad de la propuesta, aun cuando persiga objetivos legítimos como la protección del orden público y del patrimonio.
En la misma línea, Javier Velásquez señala que las restricciones contempladas van más allá de la pérdida de beneficios sociales e incluyen limitaciones para obtener o renovar pasaporte y licencia de conducir, configurando un conjunto de inhabilidades que considera excesivo para algunos de los delitos incorporados en el registro.
Otro de los reparos se refiere a la selección de las conductas incluidas en la iniciativa. Los expertos advierten que el proyecto reúne delitos de muy diversa gravedad, como rayados a la propiedad y homicidios contra fiscales o carabineros, lo que genera dudas sobre la coherencia de los criterios utilizados para establecer las sanciones.
Asimismo, la creación de nuevas figuras de incivilidades también ha sido objeto de críticas. Entre ellas figura la sanción por manipulación de alimentos en la vía pública, cuya descripción es considerada por algunos especialistas como demasiado amplia e imprecisa, lo que podría vulnerar el principio de legalidad y aumentar la discrecionalidad de los organismos encargados de su aplicación.
Los académicos también cuestionan que estas sanciones sean conocidas por los Juzgados de Policía Local, estimando que dichos procedimientos podrían no cumplir plenamente con las garantías de publicidad, defensa y producción de prueba que exige el debido proceso.
Finalmente, otro aspecto que genera controversia es el carácter consultable del registro, ya que el proyecto permite su revisión hasta cinco veces por persona al año. Según los especialistas, esta disposición podría entrar en conflicto con el derecho a la honra y la protección de los datos personales, considerando que antecedentes similares no son de acceso público en otros registros oficiales. (NP-ChatGPT-La Tercera)