El ex gobierno del Presidente Gabriel Boric salió a responder a los cuestionamientos surgidos tras la publicación de una auditoría de la Contraloría General de la República al Plan de Emergencia Habitacional (PEH), en la que se detectaron diversas anomalías en la compra de terrenos.

De acuerdo con el Informe Final N°421, difundido por un reportaje de Meganoticias, la revisión —que abarca el período entre mayo de 2022 y diciembre de 2024— identificó problemas como irregularidades sistemáticas, falta de control en los precios, incumplimientos de procedimientos legales y deficiencias en la transparencia de la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Entre los principales hallazgos, se menciona que el reglamento exigido por ley no fue dictado dentro del plazo establecido, pese a lo cual se concretaron compras por más de 600 hectáreas sin un marco normativo específico. Asimismo, se detectó que un 42% de las adquisiciones se realizó en zonas donde inicialmente no se requerían terrenos, además de casos en que se pagaron valores significativamente superiores a las referencias, especialmente en la Región Metropolitana.

Frente a estas observaciones, el ex jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Vicente Burgos Salas, defendió la gestión señalando que el informe constituye una auditoría relevante, pero centrada en aspectos procedimentales susceptibles de mejora, los cuales —afirmó— serán abordados institucionalmente.

La ex administración también manifestó preocupación por la forma en que se han interpretado públicamente los resultados del informe, indicando que este no ordena invalidar actos administrativos ni establece ilegalidades en las operaciones realizadas. Según sostienen, las medidas propuestas por el organismo fiscalizador apuntan a fortalecer controles futuros más que a sancionar hechos pasados.

En esa línea, se precisó que el concepto de “sobreprecio” no figura en el documento oficial, y que los valores pagados por los terrenos fueron respaldados por tasaciones comerciales y criterios técnicos vigentes. Asimismo, se explicó que las adquisiciones se realizaron bajo mecanismos autorizados por las leyes de presupuesto aprobadas por el Congreso en los años respectivos.

Respecto a la distribución territorial de las compras, se argumentó que respondieron a una estrategia de generación de reservas de suelo para proyectos futuros, descartando que la existencia de terrenos sin uso inmediato implique una mala utilización de recursos. También se aclaró que las observaciones sobre coordinación regional apuntan principalmente a falencias en los registros, más que a la inexistencia de instancias de trabajo.

Finalmente, el ex gobierno reafirmó su compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, llamando a un tratamiento responsable de la información, que diferencie entre los hallazgos técnicos de la auditoría y las interpretaciones derivadas de su difusión. (NP-ChatGPT-Emol)