La mediática salida de Susana Herrera de su cargo como embajadora de Chile en el Reino Unido, hace poco más de dos años, escalará a un juicio laboral. La exdiplomática presentó una demanda de tutela laboral contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, exigiendo una indemnización de $190 millones y disculpas públicas que, según su petición, deben ser notificadas a la monarquía británica.
Herrera fue removida luego de que se revelara que había gestionado directamente con el Gobierno Regional del Biobío un proyecto de US$5 millones, a través de una fundación del Rey Carlos III, para ser implementado en Santa Juana tras los incendios, gestión que no fue comunicada a la Cancillería.
ACUSACIÓN DE VULNERACIÓN Y DISCRIMINACIÓN
En su escrito de 110 páginas presentado ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la exembajadora acusa a la Cancillería de vulnerar sus derechos fundamentales, generando una afectación a su integridad física y psíquica debido a la forma en que ocurrió su salida. La demanda también apunta a supuestos tratos «discriminatorios» e «inapropiados» por parte de la cartera de gobierno.
Respecto al motivo de su destitución, Herrera niega el supuesto desconocimiento de la Cancillería. Sostiene que «el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones» y que no existieron indicaciones para desistir o ajustarse a algún protocolo específico.
TRES INTENTOS FALLIDOS DE ACUERDO
Desde la presentación de la demanda en noviembre de 2023, la exembajadora, representada por el abogado Miguel Ángel Reyes, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han tenido tres intentos fallidos de mediación para alcanzar un acuerdo extrajudicial. En enero, julio de 2024, y febrero de 2025, las partes solicitaron la suspensión de la causa para explorar una salida pactada, pero sin éxito.
Ante la falta de acuerdo, el tribunal fijó la audiencia para el juicio laboral para el 31 de marzo de 2026.
El juicio, que podría extenderse por varias semanas dada la cantidad de pruebas y testigos (máximo cuatro por parte), determinará si el Fisco vulneró los derechos de Herrera al removerla. Si es condenado, el Fisco deberá pagar la indemnización solicitada y emitir las disculpas públicas. El abogado de Herrera, Miguel Ángel Reyes, declaró que esperan que el juicio sirva para «reparar la dignidad» de su representada y que sea indemnizada conforme a la normativa laboral. (NP-Gemini-La Tercera)
