La exembajadora de Chile en Nueva Zelanda Manahi Pakarati presentó una demanda de tutela laboral contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que su vínculo con la institución terminara bajo la causal de “pérdida de confianza”.
Según antecedentes de la acción judicial conocidos por The Clinic, la diplomática sostiene que durante el proceso que derivó en su salida fue objeto de discriminación por razones de género y por su origen rapanui. Asimismo, acusa acoso laboral y un trato arbitrario por parte de Cancillería.
Pakarati es diplomática de carrera, de ascendencia rapanui, y desarrolló una trayectoria de 29 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde desempeñó diversas funciones.
Entre 2022 y 2024 ejerció como jefa de Protocolo durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Desde ese cargo estuvo encargada de coordinar actividades oficiales y encuentros protocolares con autoridades chilenas y extranjeras.
En 2024 asumió como embajadora de Chile en Nueva Zelanda. De acuerdo con lo señalado por la propia diplomática, fue la primera mujer chilena en ocupar esa representación y es, además, la única diplomática de carrera del país con ascendencia rapanui.
Su extensa trayectoria en Cancillería llegó a su fin con la reciente desvinculación, medida que ahora busca impugnar ante los tribunales laborales.
ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
El conflicto se remonta a fines de 2025, cuando Pakarati publicó en un estado de WhatsApp un mensaje relacionado con la “autodeterminación de Rapa Nui”. El episodio se sumó a declaraciones que anteriormente había entregado a un medio de Nueva Zelanda sobre la misma materia, generando cuestionamientos al interior de Cancillería.
Posteriormente, dejó sus funciones en la embajada y retornó a Chile. Desde febrero se encontraba trabajando como asesora en Relaciones Exteriores, hasta que la actual administración solicitó su salida.
En su demanda, Pakarati afirma que nunca promovió la independencia de Rapa Nui y cuestiona que se haya puesto término a casi tres décadas de carrera diplomática sin que existiera un sumario administrativo o una investigación interna destinada a establecer eventuales responsabilidades.
En declaraciones a The Clinic, sostuvo que la decisión fue adoptada sin una investigación, sin posibilidad de ejercer su defensa y sin un debido proceso. A su juicio, lo ocurrido podría sentar un precedente para la estabilidad de los funcionarios del servicio exterior.
La exembajadora también atribuye su desvinculación a factores discriminatorios. Según su versión, su condición de mujer y su ascendencia rapanui habrían incidido en el trato que recibió, planteamiento que forma parte de los argumentos que deberá resolver la justicia.
REINCORPORACIÓN Y COMPENSACIÓN DE $100 MILLONES
Entre las medidas incluidas en la demanda que conduce el abogado Karol Mauricio Martínez, Pakarati solicita que la justicia determine que su desvinculación vulneró derechos fundamentales y constituyó un acto de discriminación grave.
También pide ser reincorporada a sus funciones y que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregue disculpas públicas. Además, solicita que tanto la sentencia como una declaración de disculpas sean difundidas mediante la intranet y los correos institucionales de Cancillería, junto con la implementación de capacitaciones orientadas a prevenir situaciones de discriminación y maltrato laboral.
En el ámbito económico, la exembajadora reclama $31.117.504 correspondientes a 11 meses de remuneraciones, además de $19.802.048 por lucro cesante, $20 millones por una enfermedad laboral que atribuye a los hechos denunciados y otros $30 millones por concepto de daño moral.
En conjunto, las indemnizaciones y compensaciones solicitadas superan los $100 millones. Las acusaciones planteadas corresponden a la versión expuesta por Pakarati en su acción judicial y deberán ser determinadas por el tribunal competente. (NP-ChatGPT-Pauta-The Clinic)