El exparlamentario Joaquín Lavín León enfrentará una audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de una investigación del Ministerio Público por un presunto fraude al fisco vinculado al uso de asignaciones parlamentarias. Según la fiscalía, el eventual perjuicio fiscal alcanzaría los $104 millones, en una causa que apunta a un mecanismo destinado a desviar recursos públicos con fines personales y electorales. La defensa niega los cargos y sostiene que se trataría de errores administrativos.

El exlegislador comparecerá sin fuero parlamentario y en calidad de imputado, tras haber renunciado a la Unión Demócrata Independiente. La formalización constituye un hito en la investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuyos antecedentes, según los persecutores, darían cuenta de una estructura sistemática de uso indebido de fondos públicos y no de hechos aislados.

PLATAFORMA BAJO INVESTIGACIÓN
Uno de los focos principales del caso es la plataforma SocialTazk, cuyo desarrollo habría costado cerca de $93 millones. Aunque fue presentada como una herramienta de apoyo legislativo, el Ministerio Público sostiene que su verdadero propósito era electoral, orientado a gestionar datos para campañas y fidelización de votantes con financiamiento fiscal. En este punto también se menciona a Felipe Vásquez, sindicado como partícipe en su creación, lo que es rechazado por la defensa.

El abogado defensor Cristóbal Bonacic cuestionó la consistencia de la investigación y aseguró que no existen diligencias que acrediten el supuesto fraude asociado a la aplicación, indicando que su representado pagaba regularmente por el servicio.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El avance del caso se produce tras la decisión de la Corte Suprema de Chile que permitió el desafuero del exdiputado. No obstante, la resolución dejó fuera los delitos tributarios, acotando la causa a ilícitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, lo que delimita el enfoque de la fiscalía.

El abogado querellante José Pedro Silva, en representación del Municipalidad de Maipú, afirmó que la exclusión de delitos tributarios no debilita la causa, subrayando que las imputaciones principales se han mantenido desde el inicio.

Desde una mirada técnica, el exfiscal Mauricio Fernández advirtió que esta limitación reduce el alcance investigativo penal, aunque recordó que el Servicio de Impuestos Internos conserva facultades en el ámbito administrativo.

FACTURAS Y ANTECEDENTES ADICIONALES
Dentro de la investigación también se revisa la emisión de facturas por cerca de $10 millones asociadas a la Imprenta MMG, donde se habrían detectado irregularidades como fechas adulteradas y cobros improcedentes. La defensa insiste en que estos hechos responden a fallas administrativas propias del funcionamiento parlamentario, descartando intencionalidad.

En contraste, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, calificó los antecedentes como graves, señalando que se trataría de un caso de alta corrupción con uso de facturas presuntamente falsas presentadas al Congreso y financiadas con recursos públicos.

Con la audiencia próxima, resta definir las medidas cautelares que solicitará la fiscalía en una investigación que, según las partes, se encuentra avanzada y no debería presentar mayores obstáculos en su desarrollo. (NP-ChatGPT-Bio Bio)