El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, criticó con dureza el cierre fiscal de la administración de Gabriel Boric, tras conocerse que el déficit estructural de 2025 alcanzó un -3,6% del PIB. Para el economista, esta desviación de 2,5 puntos respecto a la meta original no responde a un error de cálculo imprevisto por el Ministerio de Hacienda, sino a una decisión política deliberada de no ajustar el gasto público pese a las reiteradas advertencias técnicas sobre la caída de los ingresos.

Acevedo sostuvo que desde julio de 2024 diversos expertos y el Consejo Fiscal Autónomo alertaron que las proyecciones de recaudación eran imposibles de cumplir, requiriendo un crecimiento de ingresos superior al 20%. Según su análisis, el Ejecutivo tuvo la opción de recortar el gasto para salvar la meta institucional, pero optó por mantener los niveles de desembolso, priorizando lo que calificó como una postura “ideológica” por sobre el compromiso de responsabilidad fiscal.

Esta situación dejaría al gobierno entrante de José Antonio Kast en una posición financiera compleja, aunque Acevedo ve en este escenario una oportunidad política. Argumenta que, ante la magnitud del deterioro fiscal, la futura oposición tendrá mayores dificultades para oponerse a los recortes que deba implementar la nueva administración, dado que el oficialismo actual debe hacerse responsable del resultado récord en el déficit para periodos sin crisis.

El exjefe de la Dipres subrayó que bajar el gasto público en Chile es un desafío eminentemente político más que técnico, ya que las propias autoridades suelen resistirse a tocar las partidas presupuestarias. En su visión, el actual incumplimiento tendrá consecuencias para el prestigio del equipo económico saliente y obligará a un debate nacional sobre la viabilidad de la estructura de gastos e ingresos que hoy rige al Estado chileno.

Con el traspaso de mando fijado para el 11 de marzo, el debate sobre el manejo de la billetera fiscal se anticipa como uno de los ejes centrales de la instalación de las nuevas autoridades. El balance entregado por la actual gestión es visto por la centroderecha como una evidencia de falta de control administrativo, mientras que el oficialismo defiende la ejecución argumentando la necesidad de mantener la inversión social en áreas críticas. (NP-Gemini-Pulso)