La exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez, aparece con estado de “incumplimiento” en el registro de beneficiarios de Becas Chile administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), debido a obligaciones asociadas a la beca de magíster que obtuvo en 2016 para cursar estudios en la Universidad de Nueva York.
El programa establece que, además de obtener el grado académico, los beneficiarios deben cumplir un período de retribución consistente en residir en Chile por un tiempo determinado. Quienes fijan domicilio en la Región Metropolitana deben permanecer en el país por un lapso equivalente al doble de la duración de la beca, mientras que quienes viven en otras regiones deben hacerlo por un período igual al tiempo financiado.
Según la nómina actualizada al 31 de mayo de 2026, de las 6.676 becas para estudios en el extranjero otorgadas por el programa, 577 se encuentran en proceso de análisis de cumplimiento de obligaciones y 267 registran estado de incumplimiento. De estos últimos, 61 enfrentan demandas civiles del Estado y 206 aún no han sido judicializados.
Martínez figura entre los casos de incumplimiento sin demanda civil. Cercanos a la exautoridad explican que la situación responde únicamente a un trámite administrativo pendiente, ya que todavía no presenta el certificado que acredita haber residido en Chile durante los cuatro años exigidos por la normativa.
Desde su entorno sostienen que regresó al país en 2018, una vez finalizados sus estudios, y que desde entonces ha desarrollado actividades profesionales en Chile, primero como asesora técnica de parlamentarios del Frente Amplio, posteriormente como presidenta del centro de estudios Rumbo Colectivo y, entre marzo de 2022 y marzo de 2026, como directora de Presupuestos durante el gobierno de Gabriel Boric.
No obstante, aún resta completar el proceso formal ante la ANID para acreditar el cumplimiento de la obligación y regularizar su situación administrativa.
El caso surge en medio de la revisión que impulsa el Gobierno sobre Becas Chile. La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que entre un 20% y un 30% de los beneficiarios no habría cumplido con sus compromisos de retorno al país, estimando una deuda superior a US$100 millones y que podría acercarse a US$150 millones.
El secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo avanzará en el cobro de esas obligaciones, en una estrategia que busca reforzar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios del programa. (NP-ChatGPT-Ex Ante)