Guillermo Quiroz (59), biólogo marino y exdirector regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos (en la imagen), fue detenido en el marco de una investigación que indaga el funcionamiento de una organización dedicada al comercio ilegal de recursos hidrobiológicos, causa que involucra a 56 personas y que habría movilizado cerca de $9 mil millones entre 2023 y 2024.
El exfuncionario, quien durante años estuvo a cargo de labores de fiscalización y promoción del cumplimiento de la normativa pesquera, pasó de desempeñar un rol de control estatal a convertirse en uno de los principales investigados en una causa que también incluye a funcionarios públicos, carabineros y operadores privados.
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones lo vinculan con una presunta asociación criminal dedicada al tráfico ilegal de productos del mar, además de delitos de lavado de activos, cohecho, falsificación de documentos públicos, infracciones a la Ley de Pesca y delitos contra la salud pública.
Hasta hace pocos meses, Quiroz representaba institucionalmente a Sernapesca en diversas actividades de fiscalización en la Región de Los Ríos. En intervenciones públicas llamaba a respetar las normas de pesca recreativa, cumplir las cuotas autorizadas, utilizar implementos permitidos y denunciar la pesca furtiva ante las autoridades competentes.
Entre sus últimas actividades oficiales encabezó reuniones con comerciantes de la Feria Fluvial de Valdivia para reforzar la comercialización de productos del mar con origen acreditado y anunció controles especiales en toda la cadena productiva durante Semana Santa, incluyendo puntos de extracción, transporte, procesamiento y venta.
Además de su trayectoria técnica, Quiroz desarrolló una carrera política vinculada al Partido por la Democracia (PPD). Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet ejerció como seremi de Economía y también fue concejal. En 2013 fue precandidato a diputado por la Región de Los Ríos y manifestó públicamente su cercanía con el senador socialista Alfonso de Urresti.
La investigación comenzó en 2024 y permitió identificar una estructura organizada que operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, dedicada a adquirir recursos hidrobiológicos sin acreditar su origen legal para posteriormente introducirlos en canales formales de comercialización.
Según los antecedentes reunidos por los investigadores, la organización utilizaba distintos mecanismos para evitar fiscalizaciones durante el traslado de los cargamentos desde Calbuco hacia Los Ríos. Entre los detenidos figuran también tres funcionarios activos de Carabineros, un trabajador municipal de Valdivia y cinco trabajadoras del peaje Troncal La Unión, quienes presuntamente habrían entregado información sobre controles policiales para facilitar el desplazamiento de la mercancía.
La investigación continúa en desarrollo mientras el Ministerio Público busca determinar el grado de participación de cada uno de los imputados en una de las mayores causas relacionadas con el comercio ilegal de recursos marinos en el sur del país. (NP-ChatGPT-Emol)