A las 10:07 am del 10 de junio de 2022, los 10 integrantes de la comisión asesora presidencial para la entrega de pensiones de gracia se reunieron en el salón Matta de La Moneda para iniciar su quinta sesión.
- En una reunión presidida por Daniel Jana Torres —periodista, militante socialista y entonces jefe del departamento de Acción Social del Ministerio del Interior—, aprobaron el acta de la sesión anterior y pasaron a la etapa de “evaluación de postulaciones a pensión de gracia”.
- De acuerdo con el acta de la jornada, revisaron 291 solicitudes, de las cuales aprobaron 272 y rechazaron 19.
- El caso 133 correspondía a Andrés Enrique Fuica Fuica, 42, a quien dieron el visto bueno para que recibiera una pensión de gracia vitalicia de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales.
- Ésta sería aumentada este año a 1,7 ingresos mínimos no remuneracionales —equivalentes a $504.069, este mes—, en un decreto exento firmado por los ministros Mario Marcel de Hacienda y Carolina Tohá de Interior.
- El acta de esa jornada no consignó la justificación para entregarle el beneficio. Sí se mencionó, en el apartado sugerencias de la comisión, que “el Departamento de Acción Social verifique cuáles corresponden a personas con dependencia severa o que requieren de cuidados de terceros. Situación que se deberá acreditar a través del certificado de discapacidad de la Compin”.
- El acta de la sesión del 31 de agosto de 2022, donde se recomendó aumentar su pensión, tampoco incluyó una justificación para tomar esa medida. En los fundamentos del caso 179 sólo se nombró que el beneficio correspondía a la glosa 12 del programa Subsidios del Presupuesto Vigente del Tesoro Público.
- Lo que sí estaba acreditado judicialmente cuando se realizaron ambas sesiones, era la calidad de culpable de Andrés Fuica por robo en lugar no habitado. El 2 de febrero de 2021 había sido sentenciado a 61 días de reclusión domiciliaria nocturna por entrar a un supermercado saqueado de Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019. La sentencia se dictó en un procedimiento simplificado en que Fuica aceptó la formulación de cargos de la fiscalía.
Víctima no acreditada. Su supuesta condición de víctima se remontaba a un parte policial que lo incluyó entre 15 personas presuntamente heridas a raíz de los perdigones disparados por funcionarios de Carabineros en los alrededores de la plaza Sucre de Viña del Mar, el mismo 22 de octubre de 2019.
- Sin embargo, tanto la acusación de la fiscalía en esa causa, como la sentencia en contra de 2 carabineros por disparos injustificados, quedó fuera de las víctimas acreditadas del caso.
- Una ampliación de una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos en otra causa, fechada el 24 de septiembre de 2021 —7 meses después de su sentencia—, insistió en su condición de víctima de esos hechos, basada en su testimonio. Fuica les dijo haber estado cuidando autos y haberse acercado a la calle del supermercado, cuando recibió tiros de perdigones y luego fue aprehendido. El texto omitió que estaba condenado.
Quiénes hicieron la recomendación. Los 10 miembros de la comisión que integraban la comisión presidencial eran todos funcionarios de gobierno: 6 del Ministerio de Interior y 4 de otras carteras. Dadas las omisiones de las actas, es incierto qué aportó cada uno al análisis de los casos. El perfil de al menos la mitad de ellos en esa época sí evidenció su distancia de materias penales que pudieran haber alertado de banderas rojas de los nombres examinados. A continuación, el detalle.
- Daniel Jana Torres. En 2008 fue electo concejal PS por Cañete y durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se desempeñó como director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). En abril de este año fue nombrado nuevamente en ese cargo, en el Biobío. Asistió a ambas sesiones como representante del Ministerio del Interior cuando ejercía como jefe del departamento de Acción Social.
- Javiera Pizarro Conte: cientista política con experiencia en fundaciones como Ciudadanía Inteligente y Democracia y Desarrollo. Ex jefa de gabinete de Irina Karamanos, fue registrada en la sesión en que se otorgó el beneficio a Andrés Fuica como representante de Presidencia y en la segunda, donde aumentaron el monto, como “Gabinete Primera Dama”.
- María del Pilar Cruz Novoa: economista, ex asesora del ministro de Hacienda Mario Marcel desde sus tiempos de director del Banco Central. Actualmente es integrante del Registro de Expertos del Comité Consultivo del PIB Tendencial, consignó el sitio del Ministerio de Hacienda.
- Marion Pacheco Salas: trabajadora social y dirigente sindical. Asistió como representante del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a ambas sesiones.
- Pedro Contador Abraham: Jefe de la División de Asesoría Legislativa y Seguridad Laboral de la Subsecretaría de Previsión Social a mayo de 2023, participó de las 2 reuniones como representante del Ministerio del Trabajo.
- Catalina Jofré Reyes. Magister en Trabajo Social y coordinadora de pensiones de gracia. Estuvo en las 2 sesiones en representación de Interior.
- Lesly Covarrubias Figueroa. Asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, a junio de este año. Participó de la primera de las 2 sesiones en que se aprobó el beneficio como representante del Ministerio del Interior.
- Carlos Pozo Olivares. Licenciado en ciencias políticas y asesor de gabinete de la subsecretaría del Interior. Era uno de los representantes del Ministerio del Interior.
- Alejandro Agüin Arriagada. Ingeniero informático, jefe de Gabinete (s) del Subsecretario del Interior, a enero de este año. Representó a la cartera en la primera sesión donde se votó el beneficio.
- Francisca Orellana Espinoza. Trabajadora social, miembro del departamento de Acción Social desde el gobierno pasado. Estuvo presente a nombre de Interior.
Panorama general. La pensión de gracia a Andrés Fuica es una de las 418 entregadas en los últimos años: 148 durante la administración del expresidente Sebastián Piñera —que incluyó a Gustavo Gatica Villarroel, quien quedó ciego por un tiro policial— y 370 en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que incorporó a Juan Francisco Villalobos Prado, quien recibió el beneficio estando prófugo por estafa.
- Según detalló en septiembre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, del total de beneficiados, 40 tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante este gobierno y 17 en el pasado.
- Tras la publicación por Ex-Ante de los $5.698.168 recibidos en 2023 por el pensionado prófugo, la ministra Tohá dijo el miércoles 20 en la Comisión de Seguridad de la Cámara que “el Ejecutivo está estudiando dos tipos de medidas”.
- La primera sería incorporar la revisión de los antecedentes penales en el análisis de los postulantes. La segunda, el estudio del envío de un proyecto de ley para retrotraer la entrega de la pensión cuando los beneficiados “cometen un delito o bien rehúyen el accionar de la Justicia”. Tohá hizo este anuncio, sin comprometer fechas. (Ex Ante)
Lea el acta donde se aumentó la pensión de gracia al condenado del 18-O:
EXPLICACIÓN DE MONSALVE
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias de parte del Gobierno a Andrés Fuica, condenado por robar un supermercado durante el estallido social, aclarando que cumplieron la ley y que bucarán legislar para evitar situaciones como ésta a futuro.
En entrevista con Radio ADN, Monsalve expresó que este tipo de pensiones «son entregadas en el marco de una glosa que está en la ley de Presupuesto que establece las condiciones para entregarlas y dice que aquellas personas que tengan un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ese informe sea hecho llegar al Ministerio del Interior, van a ser beneficiadas por una pensión de gracia».
Y agregó que tanto en esa ley, como en la de las pensiones de gracia, «nunca en la historia del país, se ha solicitado los antecedentes penales de las personas» para entregarlas.
«Le ocurrió al gobierno del Presidente Piñera que otorgó 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales a personas y también nos ocurrió a nosotros que seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo», sostuvo.
Sin embargo, ante los últimos hechos anunció que «el Gobierno va a presentar la próxima semana dos indicaciones a mociones parlamentarias que se están tramitando en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados; una para que por ley quede la obligación de que las las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previo a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia».
Y en segundo lugar, apuntó Monsalve «para tener la facultad legal para revocar el beneficio, porque en la historia de Chile nunca se ha revocado una pensión de gracia (…) y hay una discusión jurídica respecto a que existen facultades o no».
«Estas dos indicaciones manifiestan la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece no debió haber ocurrido», recalcó.
CRISIS DE SEGURIDAD
Respecto a la crisis de seguridad que vive el país, Monsalve comentó «a partir de mayo del 2022 todas las decisiones del Gobierno son para tomar control de la crisis».
Con ello, explicó que «hay áreas en las que tenemos control de la crisis y otras en las que estamos en proceso de control. Hemos logrado alto nivel de control respecto a la situación en la macrozona sur, no sólo a punta de estados de excepción».
Y agregó que ahí «es una situación completamente distinta a cuando asumió el Gobierno, más en el Biobío que en La Araucanía (…) No hay control total, pero hay alta eficacia en materia de persecución penal».
Aclaró que no han llegado a un punto de poder «desescalar» el estado de excepción en la macrozona sur. Además, detalló que «en las regiones del norte tenemos una baja en materia de homicidios en el trascurso de este año», mientras que «en la Región Metropolitana no hay una variación significativa».
En tanto, en las regiones de O’Higgins y El Maule ha habido aumentos de estos delitos.
RN PRESENTA PROYECTO
Los diputados de Renovación Nacional (RN), presentaron un proyecto de reforma constitucional para dejar sin efecto las pensiones de gracia de las víctimas del estallido social.
La iniciativa se generó luego de que se diera a conocer que uno de los beneficiados es Andrés Fuica Fuica (42), quien fue condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019, en medio de los desmanes.
Según informó el miércoles Ex-Ante, un decreto del ministerio del Interior aumentó la pensión de Fuica, pasando de 1,0 ingresos mínimos, a 1,7. Es decir, el condenado ahora recibe una pensión vitalicia de $ 504.069 mensuales.
Entre los firmantes del proyecto de RN están el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, los tres integrantes de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro, además de Hugo Rey, Bernardo Berger, Carla Morales, Sofía Cid, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón y Marcia Raphael.
La iniciativa de RN busca “dejar sin efecto dentro del plazo de dos años” desde la publicación de la reforma -si se aprobase- “las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social”.
En el caso de “sujetos que al momento de la concesión del beneficio o con posterioridad a ello, fueren condenados por delitos que merezcan pena aflictiva” se busca dejar sin efecto los decretos desde la publicación de la reforma.
El proyecto deja fuera -es decir, “no resultará aplicable” – para los “beneficiados en razón de una incapacidad permanente” acreditada ante el Servicio Médico Legal.
“Hemos presentado un proyecto de ley que busca es terminar con el verdadero abuso que se ha cometido con pensiones asociadas al estallido social. Tenemos la convicción de que lo que ahí aconteció y esos hechos de violencia tienen que ser considerados realmente como algo que agravó y perjudicó a personas concretas y malamente pueden dar pie a personas beneficiadas en pensiones de gracia. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es regularizar esa situación, volver las cosas a lo correcto, a lo justo y, muy importante, dejarle claro al Instituto Nacional de Derechos Humanos que su trabajo es velar por todos los derechos humanos”, dijo el diputado Schalper.
Castro, por su parte, dijo que “el gobierno por un lado nos pide un pacto fiscal y por el otro regala la plata de todos los chilenos con acreditaciones cuestionables por parte del INDH y pagos de por vida a sujetos que no precisamente estaban en el marco de una velatón y además sufrieron lesiones leves. Los chilenos no tienen por qué pagar con sus impuestos las pensiones a sujetos que en muchos casos hicieron un grave daño a nuestro país. Por lo demás hay otros que están cuestionados por haber cometido delitos después incluso de haber recibido esta pensión”.
A su tiempo, Longton calificó como “impresentable que el gobierno no haya tenido dichos antecedentes a la vista cuando se subió esta pensión de gracia (a Fuica) al doble de su valor. Es decir, no recabaron los más mínimos antecedentes que revelaban que esta persona estaba prófuga de la justicia, es decir, tenía orden de detención. Y no solo eso, no se había acreditado también su calidad de víctima en el proceso judicial respectivo. Acá hubo una negligencia evidente en la revisión de los antecedentes por parte de la Comisión Revisora del Ministerio del Interior sin prejuicio de la revisión previa que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
El diputado agregó que esperan que “lo antes posible el subsecretario Manuel Monsalve ingrese a estas indicaciones en nuestros proyectos para dejar sin efecto estas pensiones de gracia, pero también para considerar los antecedentes penales a la hora de otorgarlas. Tal cual se comprometió la ministra Carolina Tohá cuando se lo solicitamos en la Comisión de Seguridad hace algunos días”. (Emol)
