El exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera Sanhueza ingresó al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur para cumplir de manera efectiva los 24 días pendientes de una pena privativa de libertad, luego de ser condenado por incremento patrimonial injustificado y lavado de activos.
La medida fue ordenada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, que dispuso el ingreso del exjefe comunal en calidad de rematado. Según informó Gendarmería, Aguilera fue trasladado al recinto penitenciario el jueves.
La decisión se produjo después de una resolución dictada el 25 de agosto de 2026, luego de que el tribunal acogiera un recurso de reposición presentado por la defensa del exalcalde relacionado con su ingreso a prisión.
Los abogados de Aguilera también interpusieron un recurso de apelación con efecto devolutivo. Esto significa que la impugnación continuará siendo revisada por el tribunal superior, pero su tramitación no suspende el cumplimiento de la resolución que ordenó su ingreso al recinto penitenciario.
A comienzos de agosto, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde por los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos.
De acuerdo con el fallo unánime, Aguilera deberá pagar una multa de $246.918.500, correspondiente al patrimonio cuyo origen no logró justificar, además de otras 200 UTM por el delito de lavado de activos.
El exmilitante socialista también recibió una condena de cuatro años de reclusión bajo el régimen de libertad vigilada y quedó inhabilitado durante cinco años para ejercer funciones públicas.
El tribunal estableció que entre 2013 y 2017 Aguilera incrementó su patrimonio mediante ingresos injustificados depositados en sus cuentas bancarias por una suma cercana a los $247 millones, monto que superaba ampliamente los ingresos que recibía por sus funciones como alcalde.
En su resolución, el tribunal sostuvo que los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos formaron parte de un mismo entramado delictivo y no correspondieron a hechos aislados.
Según estableció el fallo, Aguilera utilizó su cargo público para recibir pagos ilegales, aumentar injustificadamente su patrimonio y emplear mecanismos destinados a ocultar la trazabilidad de los recursos, antecedentes que llevaron al tribunal a atribuirle una participación dolosa y consciente en los ilícitos. (NP-ChatGPT-La Tercera)
