El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmó que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tendría posibilidades de ser aprobada en sus actuales términos, principalmente por las facultades que entrega al Presidente de la República y la falta de control del Congreso durante su aplicación.

El parlamentario oficialista cuestionó especialmente la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que podría extenderse hasta por 240 días sin requerir la intervención del Congreso. También manifestó reparos ante la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas sin autorización judicial previa.

Guzmán sostuvo que las atribuciones contempladas en la iniciativa superarían los estándares democráticos establecidos en el país. Además, calificó como un error tanto la formulación como el contenido de la propuesta, aunque manifestó su expectativa de que pueda ser modificada durante su tramitación legislativa.

Desde la UDI, su vicepresidente Eduardo Cretton expresó una posición favorable a la creación de un nuevo estado de excepción y respaldó los principales lineamientos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Cretton señaló que considera necesario incorporar nuevas herramientas constitucionales para enfrentar organizaciones criminales y terroristas, además de establecer expresamente el deber del Estado de proteger tanto la seguridad nacional como la seguridad pública.

Pese a su respaldo general, el dirigente gremialista reconoció que los alcances del nuevo estado de excepción deberán ser revisados durante el debate parlamentario y que el texto necesitará ajustes para alcanzar los votos requeridos para una reforma constitucional.

Desde la Democracia Cristiana, su secretaria nacional, Alejandra Kraus, cuestionó las facultades que la iniciativa podría entregar al Ejecutivo. A su juicio, la discusión está relacionada con los límites democráticos al poder presidencial y los contrapesos institucionales.

Kraus manifestó especial preocupación por la posibilidad de mantener atribuciones extraordinarias durante cerca de 240 días sin controles suficientes del Senado o de los tribunales, calificando la discusión como un debate entre democracia y autoritarismo.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, también rechazó la propuesta y advirtió que las atribuciones presidenciales podrían transformarse en una herramienta discrecional susceptible de ser utilizada contra adversarios políticos.

Couble cuestionó además la necesidad de excluir al Congreso de decisiones relacionadas con situaciones excepcionales y planteó que, incluso ante escenarios graves, el Parlamento podría pronunciarse en un período breve.

La reforma enfrenta así reparos desde sectores oficialistas y opositores, aunque existen diferencias respecto de la necesidad de crear un nuevo estado de excepción. Mientras la UDI respalda la herramienta con modificaciones, Evópoli cuestiona su diseño actual y la DC y el Frente Amplio advierten sobre los efectos que podría tener en los contrapesos democráticos.