Por primera vez en su historia esta generación de chilenas y chilenos, la primera del siglo XXI, tendrá la oportunidad de debatir y aprobar su pacto político. No ocurrió así bajo las cartas de 1833 —una imposición de los vencedores de Lircay—, la de 1925 —en medio del “ruido de sables” y la presión militar—, y en 1980 —una Constitución impuesta en dictadura—. Lo hará en medio de un proceso constituyente democrático y participativo, y esencialmente institucional, reflejando el contenido más profundo de membresía de cada uno de nosotros con nuestra comunidad política, la posibilidad de participar, sin violencia, con nuestra voz y votos, en dibujar el futuro de la sociedad. El plebiscito del 25 de octubre fue un primer gran paso en esta dirección.
Son diversos los sentidos que les damos a las constituciones. Además de su dimensión política, técnico-jurídica, sociológica, entre otras, las podemos pensar como pactos intergeneracionales entre el pasado, el presente y el futuro. Así, nuestra relación con el pasado requiere lealtad crítica con nuestros esenciales constitucionales, nuestra “meta-constitución”, que ha evolucionado en dos siglos de vida republicana: una Constitución escrita, los principios de soberanía popular y el sistema representativo, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la división de poderes, y la independencia judicial. A ello hemos llamado escribir desde una hoja en blanco con tinta de 200 años. En lo que respecta al futuro, debemos tener una aproximación especialmente sobria; la nueva Constitución debe ser un punto de partida, otro hito en nuestra evolución constitucional, abierta al cambio y perfeccionamiento futuro, y, al igual que ahora, a un procedimiento de reemplazo o revisión total si la futura generación así lo estima en 20 o 30 años más.
En consecuencia, la evolución constitucional se parece a la redacción de una novela en cadena, en la que cada generación va redactando un nuevo capítulo, sobre la base de los capítulos anteriores, pero incluyendo nuevos protagonistas e historias —y dejando abierta la trama para los capítulos siguientes como hemos advertido antes—, en los próximos dos años deberemos poner especial atención a los desafíos del presente.
Junto con enfrentar aspectos orgánicos de gran trascendencia —un régimen de gobierno hiper-presidencial y un modelo de Estado unitario agotados—, ello nos lleva a una nueva interpretación, más exigente, de la igual dignidad de cada miembro de la comunidad; la igual consideración y respeto por los más diversos proyectos de vida, incluyendo las condiciones materiales que garanticen que puedan desplegarse de manera autónoma y un compromiso especial con la equidad de género; los imperativos de una sociedad plural, intercultural, abierta al mundo, especialmente en materia de un nuevo trato con nuestros pueblos indígenas o los inmigrantes; un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable; y rehabilitar lo político, la política, el concepto mismo de representación, y darle un nuevo valor a la regla de mayoría, como presupuesto de una cultura y práctica política legitimada. Ello, por lo demás, considerando la necesidad de robustecer nuestra longeva y alicaída democracia representativa con dosis sensatas de mecanismos de democracia directa, que estimulen la participación ciudadana en los asuntos comunes, en parte a nivel nacional, y especialmente subnacional.
Con todo, una nueva Constitución no podrá, por sí sola, enfrentar los múltiples desafíos y necesidades que demanda hoy nuestra comunidad política en los más diversos ámbitos. Ello requerirá de leyes, medidas administrativas, políticas públicas, pero muy especialmente de un nuevo Estado, uno a la altura de estos desafíos y necesidades de una democracia legitimada. El nuevo Estado debe comenzar en la nueva Constitución. Es por eso que ello importa incorporar reglas y estándares exigentes a la administración pública en materia de eficacia, eficiencia, coordinación, transparencia, responsabilidad, probidad, entre otros; consagrar el derecho a la buena administración pública; el debido proceso administrativo y todas sus garantías; un principio de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y privado; estándares más exigentes en el ingreso a la función pública; entre otras.
Esta es la visión que inspiró el trabajo que por diez meses dieciséis académicos de distintas disciplinas elaboraron y que se plasmó en “Evolución constitucional: Bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva Constitución”, que desarrolló el centro de estudios Horizontal y que fue publicada el 22 de octubre pasado. Porque tenemos la convicción de que ha llegado el momento de los contenidos y de iniciar un diálogo constructivo que, enfrentando los desafíos del presente y el futuro, se haga cargo también de aquellas heridas del pasado.
José Francisco García
Profesor Derecho Constitucional UC
Hernán Larraín M.
Director Proyecto Constitucional Horizontal
