«Le digo públicamente al Presidente Gabriel Boric, si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente». La curiosa invitación del Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a su par chileno para dialogar sobre el crimen organizado y sus efectos en la región, llamaron la atención en medio de las profundas diferencias entre ambos gobiernos sobre el rol del país caribeño en la proliferación de grupos delictuales en los últimos años.
Una vez que se conoció el secuestro y posterior homicidio en Chile del ex militar venezolano Ronald Ojeda, la reacción de Caracas desde un principio fue la de negar cualquier vinculación con el delito. Es más, mientras las indagatorias apuntaban al grupo criminal Tren de Aragua, las autoridades del régimen chavista endurecieron el mensaje y aseguraron que la banda nacida en Venezuela ya no existe.
Pero días después, y luego de que la Fiscalía chilena acusara directamente al Tren de Aragua de estar detrás del crimen de Ojeda, los mismos que cuestionaron a las autoridades chilenas han enviado mensajes de cercanía con Chile, llegando incluso a contradecir lo que habían dicho semanas atrás.
LOS DICHOS DE CABELLO
Una figura con mucha tribuna es el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Cada vez que ocurre algo, el considerado «número dos» del chavismo sale defender al Gobierno y criticar a sus detractores. Y así lo hizo una vez que voces de la oposición responsabilizaron al régimen de Maduro de estar detrás del secuestro de Ronald Ojeda.
El pasado 22 de febrero, un día después del rapto del ex militar, Cabello aprovechó su programa televisivo «Con el mazo dando» para ironizar con la teoría lanzada por el detective criminalista Iván Simonovis: «Por ahí anda una versión que descubrió Simonovis (…) Él dice que, escuchen estas historias, que un comando de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela) fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró», indicó. El dirigente agregó: «Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo?».
Seis días después, Cabello insistía en negar cualquier relación con el crimen de Ojeda. «Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro, nada, arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra».
Una semana después, el vicepresidente del PSUV vinculaba a las «bandas armadas» con el asesinato del ex militar. «A ese muchacho que mataron en Chile (Ronald Ojeda) lo dejaron solo. Lo mataron las bandas armadas, las bandas de delincuentes, de mafia, a las cuales pertenecen los Simonovis».
«Tienen sus formas de delincuencia en otros países, no nos echen la culpa a nosotros. Nosotros no enviamos a gente para ningún lado, nosotros más bien queremos que los venezolanos que están fuera de Venezuela se vengan a su país, a trabajar», añadió.
DE LA NEGATIVA A LA COLABORACIÓN
La investigación del caso Ojeda seguía y desde Venezuela echaron más leña al fuego. El responsable esta vez fue el canciller Yvan Gil, quien aseguró que el Tren de Aragua ya no existe.
«El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles (…) que se demostró que no existe, que jamás ha existido», indicó el 8 de abril.
Según el ministro, «ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Arangua’, con acento peruano, con acento chileno».
La respuesta chilena no se hizo esperar. El canciller Alberto van Klaveren cuestionó el «negacionismo» venezolano, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó las palabras de Gil como «un insulto». El funcionario chavista replicó e insistió en su tesis, al mismo tiempo que emplazó a las autoridades chilenas a «asumir el combate al crimen de manera profesional».
La Moneda seguía respondiendo con acciones como el llamado a consultas del embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri. Pero el punto de quiebre ocurrió el viernes pasado, luego de que la Fiscalía nacional confirmara la responsabilidad del Tren de Aragua detrás del asesinato de Ronald Ojeda.
De acuerdo con el fiscal Héctor Barros, «este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela», razón por la cual solicitó a Caracas un requerimiento de asistencia penal internacional «a efectos que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en ese país».
Quien respondió esta vez fue el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien remarcó que su oficina «está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales».
Las palabras del persecutor reflejaban un cambio discursivo: ahora Venezuela se abre a la posibilidad de que los autores intelectuales del crimen del ex militar estén en el país caribeño. Y más sorpresa causó la respuesta de Yvan Gil: «El gobierno y pueblo chileno pueden tener la seguridad de una colaboración absoluta de parte de Venezuela». Y si bien el canciller remarcó que el Tren de Aragua ya no opera en Venezuela, afirmó que «prestaremos todo el apoyo para acabar la delincuencia y cualquier organización criminal que pretenda operar en el territorio chileno».
Luego vinieron las palabras de Nicolás Maduro el lunes. El Mandatario venezolano manifestó su intención de reunirse con Gabriel Boric, aunque no dejó su tono duro y criticó duramente al canciller Van Klaveren y al ex presidente Sebastián Piñera, a quien responsabilizó de la llegada a Chile de personas con antecedentes criminales. (Emol)
