El gobierno se ha empecinado en sacar adelante el proyecto de ley sobre eutanasia, radicado en la Comisión de Salud del Senado, y dejarlo como parte de su legado. Nos hemos referido a las advertencia que implica legalizarla según un ex promotor, pero no se debe olvidar que, al aprobar la eutanasia, si bien no se obliga a nadie a pedirla, sí se obliga a todos a considerarla como una opción. En la vereda opuesta están los cuidados paliativos -que sí alivian el dolor-, pero que pueden verse muy afectados si se aprueba la eutanasia, como lo demuestra la experiencia de otros países.
Más de alguno está de acuerdo con la eutanasia, si es que se garantizan los cuidados paliativos como requisito previo o si existe una cobertura adecuada de los mismos. Si bien este argumento no apunta al fondo del asunto, igualmente resulta engañoso. El sistema de cuidados paliativos chilenos se encuentra en un estado tal que, de aprobarse la ley, sería incalculable la cantidad de procedimientos eutanásicos originados por la ausencia o mala calidad de los cuidados, como por la amplísima causal propuesta por el Ejecutivo (simplemente, una enfermedad o condición grave e incurable o terminal).
Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, en 2020 solo el 21,7% de los chilenos que necesitaban cuidados paliativos, los recibían. En una presentación del año pasado sobre los cuidados paliativos en la Comisión de Salud del Senado, se informó que, a noviembre de 2024, existían 8 equipos pediátricos paliativos (2,2 equipos por un millón de menores de 15 años), solo había 59 médicos certificados en cuidados paliativos (se requiere el triple) y solo el 27% de las escuelas de enfermería tienen acceso a campos clínicos para cuidados paliativos. Pero además, la proyección de cuidados paliativos, en un estudio de 2024, que se necesitarían aumentará de 117.000 personas en 2021 a 209.000 en 2050, es decir, un aumento del 79%, impulsado por afecciones cardiovasculares y demencia. Si a lo anterior le sumamos los cuidados que se requerirán por el aumento de la tasa de envejecimiento, el sistema claramente no está equipado como corresponde para atender y cuidar a quienes, de aprobarse la eutanasia, la elegirían al no tener más opciones.
¿Y si se cumpliera todo lo anterior? ¿Y si logramos en pocos años tener el mejor sistema de cuidados paliativos, además de la eutanasia? Un informe del profesor inglés David Albert Jones del año pasado demostró el impacto negativo que tiene la aprobación de la eutanasia en la provisión de cuidados paliativos. Vale reproducir algunas de ellas. Lo primero es que los países europeos que no permiten la eutanasia invierten el triple en cuidados paliativos que los que sí lo hacen. En un sentido similar, los 7 estados de Estados Unidos que autorizan el suicidio asistido tienen un crecimiento menor en cuidados paliativos en comparación al resto. En segundo lugar, cuando se equipara la eutanasia y los cuidados paliativos como cuidados al final de la vida, compiten por los mismos fondos presupuestarios, por lo que los fondos destinados a cuidados paliativos se redirigen para financiar la eutanasia o se comprometen aumentos de gastos que no se cumplen. Por ejemplo, Canadá comprometió 6.000 millones de dólares para financiar los cuidados paliativos durante diez años en el momento en que se legalizó la eutanasia, pero este dinero no se destinó exclusivamente a los cuidados paliativos y, tras cinco años, solo se pudo demostrar que se habían asignado 184 millones de libras esterlinas a los cuidados paliativos.
Un tercer punto que aborda Jones es la “mala fama” que comienzan a tener los cuidados paliativos al asociarse a la eutanasia, reforzando la percepción de que implican poner fin a la vida de forma intencionada, lo que se reconoce en estudios de Canadá, Australia y Oregon. En cuarto lugar, se advierte que luego de la aprobación de la eutanasia, algunos, en Quebec, comienzan a abandonar la medicina paliativa, así como enfermeras que comenzaron a dejar sus trabajos en Ontario porque no podían proporcionar cuidados paliativos. Por último, Jones compara la posición de los países que han aprobado la eutanasia/suicidio asistido en un ranking de 81 países sobre el cuidado al fin de la vida: entre 2015 y 2022, la mayoría de los países con eutanasia/suicidio asistido bajaron en la clasificación en relación con la lista más amplia de países, y salieron del cuartil superior Canadá (9º en 2010 a 22º en 2022), Bélgica (5º en 2010 a 26º en 2022) y Estados Unidos (9º en 2010 a 43º en 2022).
Jones se refiere a uno de los fundamentos invocados para legalizar la eutanasia: el dolor. El dolor no es de las principales razones por las que se solicita la eutanasia (está luego de los problemas existenciales y de los físicos), pero al revisar las cifras de Oregon, Washington y Canadá demuestra que la proporción por el dolor aumenta significativamente al medirse en periodos largos. Es decir, existe una razón para explicar el aumento del miedo al dolor como motivo para solicitar la eutanasia en las jurisdicciones que permiten la eutanasia/suicidio asistido.
Un último impacto negativo de la eutanasia en los cuidados paliativos es que la primera, al ser más rápida y económica, puede frenar los avances en innovación médicas en el campo de enfermedades crónicas y terminales, y en tratamientos para el dolor y cuidados paliativos. Esto cobra sentido si consideramos la “competencia” por financiamiento y los factores mencionados.
Como dijimos, la existencia y calidad de los cuidados paliativos no es un argumento que vaya al fondo del asunto sobre la valoración moral de la eutanasia, pero no se puede desatender que la situación nacional de salud obligaría a innumerables enfermos terminales a considerarla como una salida. No se puede aprobar la eutanasia en Chile. (El Líbero)
Roberto Astaburuaga
