Un análisis exhaustivo de la consultora Smart Compliance contradice las cifras oficiales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), señalando que los plazos para aprobar proyectos de inversión han experimentado un incremento sostenido en los últimos cuatro años. Mientras el organismo estatal reportó reducciones de hasta un 30% en grandes obras, el estudio privado —que analizó 2.939 iniciativas entre 2018 y 2026— indica que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de gran envergadura pasaron de un promedio de 850 días a casi 1.000 días de tramitación.

La brecha es aún más pronunciada en los proyectos de inversión menor o igual a US$120 millones, que representan el 90% del total de ingresos al sistema. En este segmento, los tiempos de evaluación aumentaron en promedio un 44%, extendiéndose de un año y 11 meses a casi tres años. Según Raimundo Pérez, socio de la consultora y exfiscal de la SMA, este fenómeno se explica por la masificación de las suspensiones de plazos, una mayor complejidad en las observaciones de los servicios públicos y el aumento de guías técnicas aplicadas durante el mandato de Gabriel Boric.

COMPARATIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL (2018 – 2026)
IndicadorAdministración Piñera IIAdministración BoricVariación
Proyectos Aprobados1.7741.165-34%
Tiempo promedio EIA~2 años~2 años 9 meses+39%
Tiempo promedio DIA~9,5 meses~1 año+23%
Monto de InversiónMenorMayor (Récord)Alza de US$
DESAFÍOS PARA EL GOBIERNO DE KAST

El informe concluye que el principal reto para el presidente electo, José Antonio Kast, será revertir esta tendencia al alza mediante herramientas de gestión que no requieran necesariamente reformas legales. Expertos sugieren que la clave estará en focalizar el debate técnico exclusivamente en los impactos ambientales reales, filtrar observaciones irrelevantes de los servicios públicos y reducir los tiempos de suspensión para dotar de mayor seguridad jurídica a los inversores sin sacrificar los estándares de protección del ecosistema.

Por su parte, el SEA defendió su gestión citando casos de éxito como el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que logró tramitarse en 744 días (un 27% menos que el promedio anual de 2025), a pesar de su enorme complejidad territorial. No obstante, el mercado observa con atención si la nueva administración logrará sistematizar estas excepciones para convertirlas en la regla general del sistema de evaluación. (NP-Gemini-La Tercera)