En ese sentido, Rivera omite sistemáticamente los peligros involucrados en el engranaje político que se propone. A riesgo de ser majaderos, conviene advertir que, de ser aprobado el texto, tendríamos un presidencialismo con reelección, sin Senado y con un incremento significativo del poder de la Cámara Baja, cuya regla general es poder sesionar con un tercio de sus miembros, y aprobar leyes por mayoría simple de los presentes. ¿Implica esto realmente “defender a la democracia frente a los ataques” que pueda recibir?
Rivera luego alude a múltiples asuntos, como los derechos sociales (cuya provisión depende de un buen sistema político); los mecanismos de democracia directa (cuya eficacia no está asegurada); la crisis de legitimidad de los partidos políticos (como si esto excusara no abordarlos seriamente); y la integración del Consejo de la Justicia (ratificando que los jueces serían minoría). Nada de esto, por desgracia, justifica el ensimismamiento de quienes tienen las mayorías en la Convención. Con mayor apertura a construir consensos transversales, de seguro estaríamos más cerca de estándares democráticos mínimos.
La complacencia respecto de la Convención no debería llevar a silenciar sus peligros. (El Mercurio Cartas)
Claudio Alvarado
Instituto de Estudios de la Sociedad
Daniel Mansuy
Universidad de los Andes
