Dicen que, hecha la ley, hecha la trampa. Esto es una constante. Siempre están “los chantas” que abusan de la ley, la tuercen para obtener beneficios que no les corresponden. Ya todos tenemos clarísimo que, para burlar la ley que establece 15 días hábiles de vacaciones, se tuerce esta realidad por medio de “un mercado” de licencias falsas que fue revelado por la Contralora General de la República. Dorothy Pérez cruzó los datos de licencias médicas en el sector público con los viajes al extranjero y se encontró con la impresentable realidad que más de 25.000 personas decían estar enfermas y “se iban de parranda”.

El escándalo del caso y la apertura de sumarios para los sorprendidos hizo que “milagrosamente muchos se mejoraran. La exposición mediática tuvo un efecto disuasivo ya que la emisión de licencias médicas disminuyó en un 19,2%, se solicitaron aproximadamente 1 millón de licencias menos. El ahorro para el país ha sido considerable. Quedó claro que pedir una licencia falsa es “robar”, lo que nunca es bueno. Independiente que la fiscalización ayudó a bajar el abuso, es impresionante que el estatuto administrativo impida despedir a alguien a quien flagrantemente se lo sorprendió robando. Debiese ser al revés, se lo despide de inmediato y el afectado puede apelar y mostrar la documentación necesaria para exculparse en el caso de ser inocente.

La llegada del gobierno de Kast reveló la falta de caja dramática con la que reciben el país. Hay que recortar gasto. Eso ya lo sabía Chile entero, pero lo que no estaba claro era la magnitud. Recordemos que cuando se habló de una necesidad de recortar US$6.000 millones de dólares varios rasgaron vestiduras y exigían que se dijese de dónde iban a recortar. Hoy vemos que esa cifra es corta. Hay que terminar con el despilfarro. Por supuesto que el Estado debe ser subsidiario y ayudar a quienes no pueden, esa es la razón por la que solidariamente muchos aceptamos el pagar impuestos. Pero nadie quiere pagar impuestos para que el Estado derroche o para que los “vivos de siempre” mientan para acceder a los beneficios. La idea de no recortar beneficios sociales debe apuntar a quienes califican para estos beneficios, pero hay que terminar con las trampas que usualmente hacen que quienes no califican.

Esas personas que sí tienen los recursos para pagar y no lo hacen, realizan “fraude social”, acogiéndose a beneficios que están pensados a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, con relación a la gratuidad en educación superior aprobada durante el régimen de Michelle Bachelet, según un informe del CEP un 23,3% de los beneficiados por este beneficio, no califican y acceden falseando datos. Este beneficio es sólo para el 60% más vulnerable y el costo de financiar a quienes no les corresponde implica entre un 0,08% y un 0,11%, entre $262 mil millones y $370 mil millones. Ese dinero no debiera ser pagado por el fisco ya que los “beneficiarios” son “estafadores sociales”, mienten para acceder.  Muchos alumnos declaran que viven con un familiar de bajos recursos, que son independientes o que sus padres están separados de hecho, lo que en muchos casos no es certero. Se falsifican los datos socioeconómicos en las fichas, con lo que alumnos del séptimo decil o superior acceden a lo que no les corresponde. Estafan a todos los chilenos. De hecho, hay un negocio de asesorías de asistencias sociales que ayudan a los postulantes a llenar el Formulario único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) que aseguran conseguir el beneficio. Hay un mercado de fraudes a los servicios sociales y los interesados en mentir pagan entre $50.000 a $80.000 por el servicio. Es decir, es toda una red de corrupción. Claramente el gasto corriente asociado a la gratuidad se ha sextuplicado, lo que implica un aumento de gasto enorme, $2.224.580 millones en 2026 y para 2026 hay más beneficiarios, lo que es insostenible.

Por otra parte, debido a las promesas de condonación del CAE, los morosos de este crédito que tiene como aval al Estado han aumentado exponencialmente, llegando a la escandalosa e inmoral situación donde el 67,9% no paga. Esto implica un gasto extra para el Estado de US$11.400 millones y se calcula que si esto no cambia se llegará a US$21 mil millones para 2030, simplemente insostenible. Hay diputados de la República que no han pagado su deuda del CAE, lo que debiese ser incompatible con el cargo de representación popular.

Para intentar mejorar esta merma estatal, el gobierno entrante no apoyará el FES y buscará métodos eficientes de cobranza como la retención por parte de la Tesorería General de la República de la devolución de impuestos a morosos con sueldos sobre $1.5000.000, algo así como lo que opera en la ley “papito corazón”. Son estafadores que le roban a todos los chilenos. Las deudas hay que pagarlas.

A estos fraudes sociales se suman otros muchos mecanismos. En relación con los subsidios habitacionales, que también tienen focalización, hay abusos en arriendos y ventas antes de plazos establecidos, así como permitir que terceros no declarados ocupen la vivienda. Esta realidad tiene que terminarse y debe haber una transversal condena social a quienes roban del dinero que debe apoyar a quienes más lo necesitan. Basta de estafadores sociales y de normalizar el fraude desde beneficios sociales. Robar nunca es bueno. (El Líbero)

Magdalena Merbilháa