La primera es que los dos fines a los que se refieren —“morigerar las desigualdades socioeconómicas” y “procurar las necesidades mínimas e indispensables para que cada persona pueda ser efectivamente libre”— no son necesariamente convergentes ni compatibles. De hecho, la consecución de la igualdad puede resultar contraproducente con la provisión de tales necesidades, sobre todo cuando se la persigue in intentio recta.
La segunda es que parecen concebir que, bajo un régimen de libertad de elección, el disfrute de los derechos sociales se convierte en un juego de suma cero: “o los disfruta usted o los disfruto yo”, pero no ambos simultáneamente. Sin embargo, ese régimen de libertad de elección es, en todos los órdenes de cosas, la primera y principal institución de salvaguarda de las necesidades de las personas, incluidas las prestaciones que se quieren garantizar con los derechos sociales.
En ese sentido, el reconocimiento de la libertad de elección es una condición de cualquier solidaridad ulterior, así como una garantía para los ciudadanos, pues coadyuva al aseguramiento del disfrute de tales derechos. O, mejor, es el Estado social el que, en realidad, coadyuva al aseguramiento de ese disfrute, en la medida en que puede y debe ofrecérselos de modo gratuito a quienes no se los pueden procurar por sí mismos. En ese sentido, el Estado social de Derecho, tal como lo conciben los autores, no tiene el monopolio ni de la solidaridad ni de la realización del bien común.
Concuerdo, por último, con mis colegas en que es un mito que el Estado social (y democrático) de Derecho conduzca al socialismo. A eso añadiría que la contrapartida es el mito de que el reconocimiento de la libertad de elección destierra la solidaridad y nos entrega sin más al Estado mínimo. (El Mercurio Cartas)
Felipe Schwember
Faro UDD
