Para el gobierno de estas “regiones autónomas”, aparte de los gobernadores, que elegimos por primera vez el año pasado, se agregan nuevos órganos: una “Asamblea Regional” dotada de “potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras”, un “Consejo Social Regional” y un “Consejo de Gobernaciones”. Además se amplían las competencias regionales (se aprobaron más de 20) y las facultades de las autoridades regionales.
Eugenio Rivera, en carta a su diario, discrepa de los peligros que yo señalo y, por el contrario, estima que, entre otros males, “la ausencia de regiones reales contribuye al estancamiento de la productividad y del crecimiento del país”.
Eso tal vez podría ser cierto en un país grande, pero en un país pequeño como el nuestro la autonomización sería un problema serio. En Chile hay 16 regiones y, aun si no aumentan, es fácil imaginar que a la actual fragmentación política, reflejada en los 20 partidos presentes en el Congreso, se agregará la fragmentación territorial, con la consiguiente dificultad para concordar políticas públicas y para conseguir su implementación.
Lo que ha aprobado la Convención rompe con casi 200 años de historia, en los que el país se ha organizado en base a un Estado unitario.
Es necesario seguir avanzando en la descentralización y desconcentración del Estado. Así lo dispuso la reforma constitucional de 2016, pero ese es un camino muy distinto al de la autonomización que disponen los 35 artículos del texto constitucional aprobados sobre esta materia. (El Mercurio Cartas)
José Pablo Arellano Marín