Chile ha sufrido, durante la administración de Gabriel Boric, un deterioro de las instituciones públicas que llevan a plantearse seriamente si nos acercamos a un Estado fallido. Ello es especialmente cierto en materia de seguridad pública y criminalidad, donde gradual y progresivamente el país ha ido normalizando situaciones de extrema gravedad.
No puede catalogarse de otra manera la insólita liberación del joven sicario venezolano, dos días después que la Jueza Irene Rodríguez había decretado su prisión preventiva por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs. La misma jueza, en un procedimiento que calificó como normal, lo dejó libre fuera de audiencia porque habría existido un error en el nombre del sicario en la resolución; y aparentemente con una diferencia de minutos despachó más tarde una nueva orden de detención, con el que se suponía que era el nombre correcto (al final tampoco lo era). El hecho es que Alberto Carlos Mejías salió caminando de la cárcel Santiago 1 y dos días después tomó un taxi por el que pagó 2,5 millones de pesos hacia Iquique y desde allí salió a Perú por un paso no habilitado. Como las autoridades informaron de esta liberación irregular recién cuatro días después que ella ocurriera, el sicario ya estaba fuera de Chile cuando nos enteramos de toda esta situación. Hubo negligencia en las actuaciones de los ministros Cordero y Gajardo al no informar a tiempo de esta situación.
Como si esto fuera poco, se ha conocido después que el año 2022 Mejías había sido detenido dos veces y no se le tomaron huellas dactilares en esa ocasión.
En esta cadena de errores o actos de corrupción en nuestras instituciones públicas, además de la Jueza Rodríguez, interviene Gendarmería, que lo dejó libre sin que nadie se preguntara en la institución cómo quién había sido el criminal más buscado de Chile hasta hace unos días podía salir así sin un doble chequeo. También hay una falencia en las autoridades fronterizas que tienen un descontrol absoluto de quien entra o sale del país, en buena parte, hay que decirlo, porque la izquierda que nos gobierna defendió que migrar era un derecho humano y posteriormente se opuso en los tribunales a las deportaciones que se hicieron en el gobierno anterior; y ahora realiza en un año expulsiones que no alcanzan a paliar los ingresos clandestinos que se producen a veces durante una sola semana.
El Senado citó a las autoridades del Ministerio de Justicia y también del Poder Judicial, éstos últimos se excusaron por haber investigaciones internas pendientes. El hecho es que ninguna autoridad de gobierno reconoce errores, nadie ha renunciado. El ministro de Seguridad Pública, el de Justicia, el director de Gendarmería, la jueza Rodríguez, el fiscal Valencia, todos dan explicaciones que no explican. La prensa sigue la trayectoria del sicario que ya habría salido de Perú y de Ecuador. Es muy difícil pensar que todos estos hechos son fruto de equivocaciones, lo más probable es que la corrupción se haya instalado en más de una institución pública, como ocurrió en los casos de tráfico de drogas en la FACH y el Ejército.
Mientras el Presidente Boric se entretiene con presidentes de izquierda, algunos de dudosos antecedentes, en lo que ha llamado la cumbre «Democracia Siempre«, que nadie sabe qué utilidad puede entregar a Chile, las instituciones del país se desmoronan.
Por estos días otro sicario disparó 70 tiros en un crimen por encargo a un sujeto que se movilizaba en un automóvil con una hija de siete años, quien falleció horas después.
Recordemos que estos hechos se vienen a sumar al secuestro y asesinato en nuestro país del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue enterrado bajo varios kilos de cemento en una toma en Maipú y cuyos asesinos huyeron también del país.
Además de asesinatos políticos y de crimen organizado, se han incrementado los delitos violentos. Los llamados “portonazos” ocurren varias veces al día. Una familia en La Florida fue asaltada por cuarta vez llevándose los delincuentes su automóvil. En Santiago y otras ciudades del país la gente se queja de que no se puede salir a la calle después de cierta hora. Bandas de asaltantes suben a vehículos de locomoción colectiva y roban impunemente celulares y otras especies.
El descontrol de la seguridad pública y la ineficiencia de nuestro sistema de justicia han llegado a límites intolerables. El gobierno debe hacerse cargo de ello y la oposición ejercer su rol fiscalizador. La ciudadanía clama por ello. (El Líbero)
Luis Larraín
