En medio de las estruendosas discusiones del escenario electoral, algunos temas igualmente relevantes pasan desapercibidos. Luego del penúltimo debate, organizado por la Archi, muchos líderes de opinión de izquierda han expresado su conmoción por la falta de humanidad que algunos candidatos de “extrema derecha” –como dicen ellos– han demostrado contra el mundo migrante. Lo anterior, se refiere a que en las agendas se defienden proyectos como “los chilenos primero”, métodos de mayor control fronterizo y la reconducción de los extranjeros irregulares. Para los personeros de izquierda estas propuestas son inadmisibles, porque implican violar los derechos humanos de personas, dividir familias y abandonar a quienes vienen a aportar al país.
El punto está en que durante demasiado tiempo el progresismo izquierdista ha monopolizado la narrativa nacional, al extremo de conseguir tergiversar los verdaderos principios democráticos. En su juego dialéctico, imponer la ley para mantener el orden y la seguridad pública, es considerado como algún tipo de abuso. Por su puesto, semejante análisis lo logran argumentando, falazmente, que quien quiere regular la inmigración, necesariamente peca de xenofobia. El problema de la mentalidad progresista está en que desconocen que el valor de imponer la ley es fundamental en los estados democráticos, no solo porque buscan garantizar el orden y la seguridad, sino porque, además, así se protegen los derechos de quienes residen en el país (extranjeros o nacionales).
Lo que la izquierda es incapaz de ver es que, al seguir manipulando el relato para así avanzar en su agenda insurreccional, gran parte de los chilenos están dispuestos a límites excesivos con tal de recuperar la paz y la seguridad en sus vidas. No por nada la encuesta CEP de septiembre-octubre de este año (N·95), arrojó que el 23% considera que “en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible”, en comparación con el 18% de marzo-abril del mismo año. Con todo, es aún más grave que el 45% de los encuestados estaría muy de acuerdo con “suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”.
El caos ascendente en nuestro país, que de paso destruye miles de proyectos vitales, está llevando a los chilenos a considerar sus libertades como lujos, muchas veces accesorios, frente a un escenario cada vez más amenazante. Asimismo, el análisis debe hacerse dentro de la relevancia de atacar, primero, aquellas ideas que vinculan el respeto por el Estado de Derecho a pulsiones totalitarias; y luego, hacer prevalecer la deseabilidad de la democracia liberal, como la única tradición que ha sido exitosa en garantizar el progreso, la paz, el orden y la libertad.
La izquierda, en su miopía arribista, propia de su soberbia moral, rasga vestiduras frente a la reconducción de inmigrantes irregulares. Sin embargo, olvida que fue su buenismo migratorio, impulsado por Gabriel Boric y los suyos, que horadó la seguridad pública, para luego rematarla con su performance insurreccional. Si hemos aprendido algo en estos últimos años como chilenos es que, una vez que la élite dirigente se doblega ante la violencia y el caos, estos no se detienen: se expanden; destruyendo todo proyecto de progreso nacional y de libertad individual. (El Lïbero)
Antonia Russi
