Usted está leyendo estas líneas cuando ya se conocen los pactos que entrarán a la competencia electoral de noviembre. Se trata de una información importantísima para calibrar la amplitud de la oferta de alternativas políticas en el país o, para decirlo en buen castellano, la amplitud que ha alcanzado la fragmentación política que nos ha caracterizado durante los últimos años. Y, casi como corolario de la anterior, esa información también servirá para calibrar la escasa representatividad real de muchos de los partidos que se presentan a la liza.
Estas características contemporáneas de nuestro sistema político -la fragmentación y la falta de representatividad- se suelen invocar como síntomas de una “crisis de la democracia” y a ellos suelen agregarse otros presuntos síntomas de ese mal. Esos otros síntomas pueden ser tan diversos como el auge del crimen organizado, la creciente polarización política o incluso tendencias al incremento del Índice de Precios al Consumidor. Naturalmente -y más aún en este período preelectoral- la intensidad e intencionalidad de los planteamientos que hablan de esa presunta crisis están determinadas por motivaciones políticas, muchas veces sin más alcance que el de provocar algún impacto en la coyuntura cotidiana.
Justo en medio de dos días -el 16 y el 18 de agosto- cruciales en el funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática, parece oportuno recordar que esa insistencia en la idea de una “crisis de la democracia”, aún utilizada con intenciones mezquinas y sin mucho fundamento, puede tener a la larga el efecto de dañar la confianza ciudadana en la democracia. Algo que la propia democracia y los demócratas deberían tener cuidado en proteger.
La democracia conocida como “liberal”, que por mandato constitucional nos rige, se expresa en un complejo de instituciones, normas, leyes y formas de comportamiento social y político que componen un conjunto interrelacionado de modo que el déficit de comportamiento o funcionamiento de alguna de sus partes, aún de manera crítica, no afecte de manera igualmente crítica al conjunto, esto es, a la democracia en tanto régimen político. Así, una situación crítica de las condiciones de seguridad pública, una inflación aguda o incluso una relación particularmente crispada entre los actores de la democracia no significan que la democracia toda, en tanto régimen político, esté en crisis: la crisis estará localizada en un aspecto particular de la convivencia democrática y corresponderá al propio sistema buscar su solución, que se encontrará en otras de sus partes, tales como sus instituciones o el recambio de los responsables y operadores de la parte afectada. En suma, crisis parciales o puntuales de la democracia no significan una “crisis de la democracia”, aunque sin duda la afectan y deben ser solucionadas.
En el contexto electoral que tan bien ilustran las dos fechas que rodean el momento de esta lectura, la tentación de sobredimensionar problemas puntuales para transformarlos en un relato de “colapso democrático” es alta. La competencia política tiende a privilegiar diagnósticos catastrofistas como herramienta para movilizar votantes o deslegitimar adversarios, lo que hace más relevante contar con evaluaciones objetivas y sistemáticas del funcionamiento institucional.
Una visión integral de este tipo y, en consecuencia, un adecuado instrumento para evaluar su funcionamiento en nuestro país ha sido aportado recientemente por la Universidad Miguel de Cervantes, que ha dado a conocer un “Índice de Funcionamiento de la Democracia” que, en su presentación, aclara que “la democracia… no puede sino asumirse como un proceso constante de consolidación, que se traduce en la búsqueda de la completitud de cada uno de sus componentes. Éstos, en el devenir social y político, pueden admitir circunstancias que representan progresos y otras que muestran deterioros. Esos progresos y deterioros inciden sobre la capacidad de funcionamiento de la democracia y, con ello, sobre su capacidad de lograr los efectos que de ella se esperan”.
Sobre esa base, el Índice elaborado por el Proyecto de Investigación Aplicada Democracia de esa universidad examina 83 variables correspondientes a 27 indicadores agrupados en siete dimensiones que buscan abarcar la totalidad de características y elementos que componen, en su conjunto, a la democracia chilena. Las dimensiones identificadas en el índice cubren aspectos tan esenciales y variados como “Confianza y Valoración de la Democracia”, “Vigencia del Estado de Derecho”, “Libertades y Participación”, “Seguridad Pública” o “Administración Responsable y Eficaz del Estado”. El índice corresponde al año 2024 y mide los avances y deterioros del funcionamiento de la democracia en Chile respecto al año anterior. El estudio arroja un balance positivo, cuantificado en un progreso de 1,99 puntos de un total de 27 posibles, que equivalen a un 7,37% de avance de las variables analizadas durante el año 2024.
El mayor avance porcentual lo obtuvieron las dimensiones “Representatividad e igualdad” (58% de variación de las variables integradas a esta dimensión, sobre el máximo avance posible en el año), “Soberanía popular” (33,78% de avance de sus variables) y “Libertades y participación” (18,75% de avance); en tanto que los mayores deterioros se verificaron en las dimensiones “Administración responsable y eficaz del Estado” (35% de retroceso de sus variables respecto del año anterior) y “Confianza y valoración de la democracia” (16,67% de retroceso).
El instrumental desarrollado por este índice permite, mediante el examen de las 83 variables utilizadas, distinguir oportunamente aquellas áreas o problemas más desafiantes o que demandan de atención inmediata de las políticas públicas. Y, en un día como este domingo, constituyen un reclamo explícito de atención a las candidaturas presidenciales que habrán de terminar de inscribirse mañana. Los más notorios entre estos problemas son, según el índice, “Modernización del Estado”, “Calidad de la educación y la salud”, “Reacción estatal frente a catástrofes”, “Corrupción”, “Crimen organizado” y “Debilidad de los partidos”.
Lo cierto es que estudios como el que nos ha presentado la Universidad Miguel de Cervantes nos confirman que la democracia chilena no está en crisis: sólo debemos trabajar en ella para perfeccionarla. Y el de hoy es un día más que oportuno para recordárnoslo y para recordárselo a quienes se postulan para encabezar el poder ejecutivo de esa democracia. (El Líbero)
Álvaro Briones
