El Tribunal Supremo de España condenó a 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, en el marco de la investigación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
La sentencia también impuso una pena de 19 años de cárcel a Koldo García, exasesor y escolta de Ábalos, al establecer la existencia de una red que favoreció la adjudicación de contratos públicos para el suministro de mascarillas al Ministerio de Transportes.
De acuerdo con el fallo, la empresa Soluciones de Gestión obtuvo contratos por cerca de 13 millones de mascarillas, mientras que el empresario Víctor de Aldama, considerado el principal articulador de la trama, entregó sobornos millonarios a Ábalos y García. El tribunal también dio por acreditado el pago mensual de 10 mil euros a ambos entre 2019 y 2022.
La resolución judicial concluyó además que Ábalos intervino en la contratación de personas cercanas en empresas estatales, configurando hechos de tráfico de influencias. Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años de prisión, aunque no cumplirá pena efectiva tras colaborar con la investigación.
La condena representa un nuevo golpe para el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, debido a la estrecha relación política que mantuvo con Ábalos, quien desempeñó un papel clave en la llegada del líder socialista al poder en 2018. El fallo se conoce, además, mientras continúan otras investigaciones judiciales que involucran a personas del entorno del mandatario.
Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo sostuvo que la sentencia aumenta la responsabilidad política del presidente del Gobierno y reiteró su llamado a convocar elecciones anticipadas. En la misma línea, Vox intensificó sus críticas al Ejecutivo y cuestionó la permanencia de Sánchez en el cargo.
Las reacciones también surgieron desde partidos aliados del Gobierno. Podemos calificó el caso como una traición a los votantes progresistas, mientras que Esquerra Republicana instó al PSOE a asumir responsabilidades políticas y adoptar medidas internas para enfrentar los casos de corrupción.
Por su parte, el Gobierno español condenó los hechos atribuidos a Ábalos y reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad en la función pública. Desde la dirección del PSOE señalaron que quienes cometan delitos deben responder ante la justicia, aunque manifestaron reparos por la diferencia entre las condenas aplicadas a los funcionarios y al empresario que colaboró con la investigación. (NP-ChatGPT-La Tercera-Europa Press)