El Gobierno de España aprobó una regularización extraordinaria que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de inmigrantes que ya se encuentran en el país, en una medida impulsada por el presidente Pedro Sánchez y que ha generado amplio debate político.
La iniciativa, respaldada por organizaciones sociales, empresarios y sectores de la Iglesia Católica, busca reconocer derechos a personas que ya forman parte de la vida cotidiana del país. Según el Ejecutivo, se trata de un acto de justicia y de necesidad, considerando el envejecimiento de la población y la demanda de mano de obra en distintos sectores.
Para acceder al proceso, los solicitantes deberán acreditar residencia en España previa al 1 de enero, permanencia continua de al menos cinco meses y la ausencia de antecedentes penales, entre otros requisitos. Las postulaciones podrán realizarse desde el 16 de abril, tanto de forma telemática como presencial, con plazo hasta el 30 de junio.
El Gobierno espera resolver las solicitudes en un plazo aproximado de dos meses y medio, aunque el proceso podría verse afectado por una huelga anunciada en oficinas de Extranjería, así como por críticas de sindicatos policiales respecto a eventuales riesgos en la verificación de antecedentes.
Desde la oposición, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la medida calificándola de injusta e insegura, mientras que sectores de Vox anunciaron acciones judiciales para intentar frenarla.
En contraste, entidades como Cáritas valoraron la iniciativa, destacando que permitirá a miles de personas salir de la vulnerabilidad y acceder a derechos básicos, reduciendo situaciones de exclusión social. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)