El ensayo presenta un análisis sobre los principales problemas que, a juicio de los autores, afectan a la CGR. Adicionalmente sugiere una serie de propuestas de aplicación inmediata y otras iniciativas que requieren modificaciones legales respecto de la institución.
Desde la perspectiva de la Contraloría General de la República (CGR) valoramos el interés académico existente sobre nuestra institución, así como el reconocimiento del aporte de la Contraloría a lo largo de la historia republicana de Chile. Asimismo, se debe destacar que en, buena medida, el análisis y las propuestas de Waissbluth y Wolfersdorff coinciden con el diagnóstico realizado por la Comisión de Fortalecimiento Institucional de la CGR, la que trabajó con un enfoque multidisciplinario, durante el presente año.
Como resultado de dicho trabajo, a fines de agosto del año en curso la comisión propuso 30 medidas de diverso alcance para la modernización y fortalecimiento de la Contraloría. Dicho documento se encuentra disponible en el sitio web institucional de la CGR y fue remitido a los integrantes del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la CGR. Paralelamente, y como puntos relevantes de la coincidencia de propósitos con los autores, se debe destacar que en la actualidad se encuentra en elaboración un anteproyecto de ley de reforma a la ley orgánica de la CGR, la que se espera entregar al Poder Ejecutivo a inicios del próximo año. Asimismo, luego de un extenso trabajo de discusión interna, el viernes 12 de octubre recién pasado se puso a disposición de toda la ciudadanía el proyecto de nueva resolución sobre materias afectas al trámite de toma de razón. Se trata de un proceso inédito en los casi 92 años de historia de la CGR, ya que se presenta a consulta pública el texto de dicha resolución para recibir los comentarios, críticas y aportes de toda la ciudadanía interesada.
Resulta muy difícil llevar a parámetros numéricos el valor y aporte de las entidades de control externo, como la CGR, y más dificultoso resulta parametrizar el valor del control previo de legalidad. Para graficarlo claramente, resulta complejo adivinar cuántas irregularidades o corrupción se evita con la existencia de instituciones como la Contraloría. Sin embargo, existe un par de datos objetivos que permiten dimensionar el valor público de la institución.
El número de denuncias ciudadanas en los años 2015 fue de 4.608, el año 2016 fue de 5.742, y el año 2017 fue de 9.508. Los dictámenes ascendieron en el año 2015 a 15.913, el año 2016 fueron 16.594 y el año 2017 se emitieron 18.569 dictámenes. Ambos datos demuestran que la ciudadanía confía en la Contraloría como una vía válida para obtener solución a los problemas que le afectan en su relación con la Administración del Estado.
Asimismo, con la reforma orgánica de enero de 2017, que comportó la creación de dos contralorías regionales metropolitanas y los departamentos especializados de fiscalización de FF.AA., Orden y Seguridad; y de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas del Estado, se incrementó el número de auditorías: el año 2017 se realizaron 627, a diferencia del año 2016 en que se realizaron 540. Para estos cambios, debe considerarse que no hubo aumento presupuestario alguno.
Nota aparte merece la referencia a la toma de razón. Este control previo de legalidad que hasta hace poco caracterizaba al sistema de control chileno, siendo prácticamente único en el contexto internacional, ha ido ganando fuerza en todas partes. Así, se han incorporado controles previos, similares a la toma de razón, en materia de contratos públicos en España, o de obras públicas en Perú y Costa Rica.
En nuestro país uno de los ámbitos que demuestra una debilidad institucional endémica corresponde a la administración municipal. Desgraciadamente, no son pocos los casos de irregularidades o derechamente corrupción que año a año se detectan por la vía del control ex post que realiza la Contraloría en el ámbito local. Precisamente, las actuaciones y contratos que suscriben las municipalidades se encuentran exentas por ley de la toma de razón, en consecuencia, el control siempre llega atrasado. Es por ello que la Contraloría ha desarrollado un instrumento voluntario de control previo de legalidad, que al igual que la toma de razón, permite verificar la corrección legal de una decisión municipal, antes de que se concrete la decisión alcaldicia. Solo en su fase de piloto en 2018, la CGR ha suscrito más de 70 convenios con otras tantas municipalidades para someter las actuaciones más trascendentes al control preventivo de legalidad. Esto es demostrativo de que incluso en los ámbitos en que legalmente no es procedente la revisión previa de una decisión, como el municipal, no son pocos los ediles que han visto que la revisión previa que realiza la CGR constituye un aporte a su gestión pública, y un elemento que da seguridad acerca de la legalidad de la actuación.
En consecuencia, estimo, como Contralor, que una retirada de la toma de razón, aunque fuere gradual, constituiría un retroceso grave en la construcción del Estado de Derecho en nuestro país. (El Mercurio)
Jorge Bermúdez
Contralor General de la República
