La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de convivencia y seguridad escolar. La propuesta fue respaldada por una amplia mayoría de parlamentarios y quedó lista para su promulgación tras superar su último trámite legislativo.
La normativa establece nuevas herramientas preventivas y sancionatorias para los establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas, restricciones al uso de capuchas y la incorporación de requisitos adicionales para acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior cuando existan condenas por determinados delitos.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación de la iniciativa y sostuvo que responde a una demanda surgida tras hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales. La secretaria de Estado afirmó que el objetivo es entregar a las comunidades escolares instrumentos que permitan enfrentar situaciones que afectan la seguridad y el normal desarrollo de las actividades académicas.
Arzola destacó que las modificaciones incorporadas durante la tramitación en el Senado permitieron abordar inquietudes planteadas por distintos sectores, aunque aseguró que el proyecto mantiene intacto su propósito original de fortalecer el orden, la convivencia y la protección de estudiantes, docentes y funcionarios.
La ministra también vinculó la nueva legislación con el enfoque planteado por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública, señalando que representa un primer paso hacia una revisión más amplia de los beneficios estatales para personas que cometan delitos o actos graves de violencia.
Pese a su aprobación, la iniciativa continuará generando debate. Durante la votación, parlamentarios de oposición presentaron reservas de constitucionalidad respecto de algunas disposiciones, especialmente aquellas relacionadas con la pérdida de gratuidad para estudiantes condenados por determinados delitos. Los legisladores sostienen que la medida podría constituir una doble sanción y afectar el derecho a la educación.
En esa línea, diputados del Partido Comunista, Frente Amplio y otros sectores anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos del proyecto. A su juicio, ciertas normas vulneran garantías fundamentales y podrían generar efectos discriminatorios sobre estudiantes de menores recursos.
Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la iniciativa como una respuesta necesaria frente al aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales. Parlamentarios que respaldaron el proyecto argumentaron que las medidas buscan proteger el derecho de la mayoría de los estudiantes a desarrollarse en ambientes seguros y libres de conductas delictivas.
Aunque el Gobierno manifestó tranquilidad frente a los cuestionamientos constitucionales, la controversia podría trasladarse ahora al Tribunal Constitucional, organismo que deberá pronunciarse si finalmente se concreta la presentación anunciada por la oposición. (NP-ChatGPT-La Tercera)