Fue una conversación telefónica, realizada el pasado 7 de enero, entre el entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), la que abrió la investigación penal que hoy sigue vigente en contra de la exsenadora Isabel Allende.
No fue una querella, ni una denuncia, tampoco la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, la que determinó que se investigara en el ámbito penal la hoy fallida compra por parte del gobierno de la casa del expresidente Salvador Allende.
Y es que la llamada entre Crispi y Serrano ese día tenía un tercer interlocutor desconocido, ya que en esa fecha el celular del sociólogo, y líder del Frente Amplio, era blanco de una medida intrusiva.
Un par de meses antes, el fiscal regional Patricio Cooper había solicitado al Juzgado de Garantía de Antofagasta interceptar su teléfono, en el marco de diligencias del caso ProCultura y el tribunal, tras analizar antecedentes que lo vinculaban al caso, determinó autorizar el “pinchazo”. Es decir, desde hace varias semanas que las conversaciones del principal asesor del Presidente Gabriel Boric estaban siendo monitoreadas y transcritas por la policía en busca de evidencia en uno de los casos de corrupción más relevantes del último tiempo, iniciado en el escándalo de la Fundación Democracia Viva.
Crispi era sujeto de interés para la Fiscalía debido a que -mientras se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional- validó a ProCultura para firmar un convenio por $ 630 millones con el Gore de Antofagasta, decisión por la que fue querellado por diputados del Partido Republicano y la UDI.
Cuando ese 7 de enero Crispi hablaba con su progenitora, al otro lado un detective tomaba nota. Y fue, justamente, el tono de esa conversación la que hizo que la PDI incluyera en el Informe Policial N°14, del 8 de enero de 2025, la transcripción de lo que el jefe de asesores del Segundo Piso de la Moneda le había confidenciado a su madre, ya que, a juicio de la Brigada Anticorrupción, se trataría de un “hallazgo casual relevante”.
Tras revisar el informe, el fiscal jefe Eduardo Yáñez determinó separar esa pieza investigativa del caso ProCultura e iniciar una nueva investigación por el delito de tráfico de influencias. ¿La explicación? Crispi en la conversación -a juicio de los investigadores- deslizaba gestiones de Allende para agilizar la compra de la casa de su padre.
ESCUCHA TELEFÓNICA
Quienes han tenido acceso al informe de la PDI, que se liberó esta semana, sostienen que lo que ahí se detalla es que el 7 de enero Claudia Serrano, militante socialista que fue ministra del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, llamó a su hijo y, de cierta forma, cuestionó el manejo que había tenido el gobierno en lo que por esos días se describía como un “bochorno” por la decisión de cancelar la compra de la casa de Allende de calle Guardia Vieja.
Esa decisión se había tomado luego de que se cuestionara que la entonces ministra Maya Fernández (PS) y la senadora Isabel Allende (PS) firmaran un convenios con el Estado.
En la señalada conversación -según quienes conocen del tema- Crispi le respondió a su madre que también había responsabilidad del abogado de la familia y de la propia Allende en toda la situación.
“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se lee en la transcripción.
El diálogo encendió las alarmas en la PDI. La conclusión fue que el asesor presidencial -que dos meses después renunció a su cargo por la crisis desatada por la fallida compra- deslizó en sus descargos una suerte de presión indebida de la hoy destituida senadora para forzar la adquisición. Por este motivo fue que se decidió confeccionar un informe y enviarlo al día siguiente, el 8 de enero, a manos de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Crispi declaró la semana pasada por este diálogo. El exasesor y su abogado Guillermo Chahuán sólo entonces advirtieron la medida intrusiva que pesaba sobre el sociólogo desde hace meses y que había permanecido en reserva en el marco del caso ProCultura.
Según quienes conocen su testimonio, Crispi bajó el perfil de sus dichos sobre Allende señalando que habían sido emitidos al tenor de una discusión política.
«INDICIOS DE DELITO»
El informe N°14 de la PDI, que fue enviado al Ministerio Público, sostiene como resultado de la investigación criminalística que “en el marco del análisis de los audios asociados al número +5697898XXXX, de la compañía Movistar, perteneciente al suscriptor Miguel Crispi Serrano, se detectó una comunicación con una persona de sexo femenino a quien identifica como “mamá””.
Junto con esto, el subcomisario Cristopher Canales -que firma el documento- sostiene que “en dicha conversación el interlocutor manifiesta que la responsabilidad en el proceso de compra-venta de la casa de Allende recae en Isabel Allende, nombre que coincide con la senadora en ejercicio María Isabel Allende Bussi y en el abogado de esta familia”.
“Asimismo, menciona a una persona identificada como Maya, término que coincide con el nombre de la ministra de Defensa Maya Fernández Allende”, se lee en el documento policial.
Por último, destaca el informe, “es importante señalar que si bien el audio detectado no está relacionado con los hechos investigados en la presente causa, su contenido tendría indicios de una posible comisión de delitos”.
¿POR QUÉ COOPER Y NO OTRO?
El 9 de enero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella presentada por Raimundo Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana. Basado en los antecedentes que por esos días entregaba la prensa sobre la fallida compra y el rol de la familia Allende, el abogado -vinculado al Partido Republicano- presentó una acción judicial para que se investigara un eventual “fraude al Fisco”.
Se desconocía que horas antes -sin embargo- el Ministerio Público, de oficio, había abierto la investigación por tráfico de influencias contra Allende. Eso aclara el porqué cinco días después, el 14 de enero, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decide que sea el fiscal regional Cooper quien tramite la indagatoria por la fallida adquisición de la casa de Allende, ya que a esa altura los investigadores del caso ProCultura ya desarrollaban diligencias vinculadas a la parlamentaria socialista.
A las 11.59 horas del 8 de enero, el fiscal Yáñez dejó constancia de todo esto. En un correo electrónico, al que accedieron esta semana las defensas y el querellante del caso Allende, se lee la decisión que adoptó el Ministerio Público tras el “pinchazo” al llamado de Crispi y Serrano:
“Considerando que en Informe Policial N° 14, de 08/01/2025, de la BRIAC, consta la transcripción de un llamado telefónico obtenido de la interceptación del Sr. Miguel Crispi Serrano, +56 9 7898XXXX, diligencia intrusiva realizada con autorización judicial del Juzgado de Garantía de Antofagasta, en la que el aludido mantuvo comunicación el 07/01/2025 con persona que aparentemente sería su madre, en la que refiere participación de a lo menos dos funcionarias públicas en gestiones para que el gobierno comprara un inmueble de propiedad de la comunidad hereditaria formada por la sucesión del expresidente Salvador Allende Gossens, de la que formarían parte, negociación que beneficiaría intereses económicos personales, hechos que podrían configurar el delito de tráfico de influencias del artículo 240 bis del Código Penal, resuelvo iniciar investigación de oficio con el objeto de establecer delito y participación punible, por lo que se separará investigación y se generará un nuevo RUC bajo el cual se llevará adelante la indagatoria”.
HIJA DE ISABEL ALLENDE FICHA A ABOGADO SOCIALISTA
En una de las últimas actuaciones que se registran en el proceso judicial por eventuales irregularidades en la fallida compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, la nieta del exMandatario y presidenta del directorio de la Fundación Allende, Marcia Tambutti, ficho a un abogado defensor.
Se trata de Pablo Velozo Alcaide conocido abogado del Partido Socialista quien tiene una cercana relación con la familia Allende ya que fue secretario general del partido en 2015 cuando la mesa era liderada por la exsenadora Isabel Allende, madre de Marcia Tambutti.
Actualmente Velozo, Abogado de la Universidad de Chile y con un doble Magister de la Universidad Adolfo Ibáñez, es asesor legal externo del Servicio de Evaluación Ambiental y comparte una oficina -Anve Abogados- con el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade.
En la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago se señala que Velozo obtiene el patrocinio y poder para representar a Tambutti en un equipo de abogados que también está integrado por Germán Cueto Etcheberry, Diego Sporman Uribe y Karol Olazo Córdova.
La necesidad de fichar abogados se debe a que a fines de marzo el querellante en la causa Raimundo Palamara -militante del Partido Republicano- amplió la querella por fraude al fisco a varios personeros entre ellos la presidenta de la Fundación Allende.
El requerimiento señala que la Fundación “recibe fondos que debe considerárseles permanentes del Fisco de Chile y solo durante las anualidades 2023 y 2024, recibió para su financiamiento general, sin un proyecto particular, $187.181.988 durante la presidencia de Gabriel Boric”. A juicio del querellante se debe considerar a la Fundación Allende como un organismo dependiente del Estado.
En la querella se afirma que Marcia Tambutti, además de hija de la exsenadora Allende y prima de la exministra de Defensa, Maya Fernández, es pareja de Felipe Vio Lyon quien oficio de representante y mandatado por la familia Allende para el proceso de venta de la propiedad de calle Guardia Vieja al Estado.
“Su calidad de imputada viene dada tras las declaraciones que constan en la carpeta investigativa en que la Fundación que preside iba a recibir en comodato la casa que compró el Estado de Chile una vez que se efectuara la transacción”, afirma Palamara en su escrito.
Sin embargo, cercanos a la causa señalan que Tambutti no puede ser imputada citando el artículo 260 del Código Penal como hace la querella, ya que ella no es funcionaria publica.
Tambutti ya declaró hace algunas semanas en la causa pero en calidad de testigo. Ella participó en algunas actividades vinculadas a la operación como mostrar la casa de Guardia Vieja a funcionarios de gobierno. Algunos testimonios sostienen que desde la fundación fue una de las impulsoras de la idea de vender el inmueble.
La hija de Isabel Allende es bióloga de la UNAM (México) y tiene una maestría en ciencias otorgada por el Imperial College y el Natural History Museum, London (UK). Colabora con la CEPAL en temas de biodiversidad.
También es documentalista. Dirigió Allende mi abuelo Allende, una película documental premiada en el Festival de Cannes de 2015 que retrata la dinámica interna de la familia del ex Mandatario quien se suicidó en el palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El equipo de abogados que la representa estaba previamente defendiendo al arquitecto Génaro Cuadros, también miembro del directorio de la Fundación Allende. Cuadros acompañó a Felipe Vio en varias gestiones para concretar la venta de la casa y según testimonios del proceso fue quien presentó un documento con el proyecto para poner en marcha una casa museo en el recinto.
Cuadros fue asesor de la subsecretaría e Defensa durante el actual gobierno. Según Fiscalía figura como imputado en la investigación que lidera el fiscal Patricio Cooper. Su actual abogado defensor es Ignacio Figueroa. (La Tercera-Ex Ante)
