Uno de los temas que ocupó el diálogo público las pasadas semanas decía relación con la posible calificación del actual Presidente de la República como “ultraderechista”. Los argumentos fueron y vinieron, aunque muy pocos tocaron explícitamente el punto que seguramente motivó a quienes iniciaron el debate: la posibilidad de que un Presidente -y un gobierno- de ultraderecha pudieran significar un peligro para la democracia en Chile. La posibilidad del “iliberalismo”, expresiones del primer Mandatario cuando no lo era y actitudes muy actuales de algunos de sus seguidores o asociados fueron objeto de auscultación desde esa perspectiva implícita; lo que no se tocó, sin embargo, fue el estado real de la democracia en el país, esto es la calidad de su funcionamiento y la posibilidad de que un pensamiento o una ideología puedan constituirse, por sí mismas, en una amenaza para ella.

Una visión objetiva de esa realidad la entregó recientemente la segunda versión del Índice de Funcionamiento de la Democracia (IFUDE), elaborado por el Proyecto de Investigación Aplicada en Democracia de la Universidad Miguel de Cervantes. El índice compara el comportamiento de la democracia chilena durante 2025 con el registrado en 2024 y llega a una conclusión que contrasta con el estado de ánimo que tienden a mostrar los debates públicos, pues la democracia chilena volvió a progresar. El avance fue de 3,10 puntos sobre un máximo posible de 28, equivalente a un mejoramiento de 11,7% en su funcionamiento. Es, además, el segundo año consecutivo en que el resultado es positivo. En la primera medición, correspondiente a 2024, el progreso había alcanzado 1,99 puntos, un 7,37%.

El indicador no pretende establecer cuán democrático es Chile, ni compararlo con otras democracias. Su propósito es observar año a año si el funcionamiento de nuestra democracia mejora o empeora y detectar dónde se producen esos avances y retrocesos. Para hacerlo, examina siete dimensiones, 28 variables y 96 indicadores. Las variables reciben una calificación positiva, negativa o neutra dependiendo de su comportamiento durante el año. El resultado de 2025, por consiguiente, expresa un predominio claro de los progresos sobre los deterioros, lo que se manifiesta en el hecho que cinco de las siete dimensiones examinadas mejoraron: Confianza y valoración de la democracia; Representatividad e igualdad; Vigencia efectiva del Estado de Derecho; Soberanía popular; y Seguridad pública. Se deterioraron, en cambio, Libertades y participación, y Gobierno responsable y eficaz del Estado.

Entre las variables que más progresaron aparecen la valoración de la democracia, la respuesta a la corrupción del Estado, la valoración de las policías y los avances legislativos en materia de seguridad ciudadana. La seguridad pública ofrece una paradoja interesante: el país puede experimentar un problema serio de delincuencia y, al mismo tiempo, registrar avances en el funcionamiento democrático. No son fenómenos contradictorios. De hecho, una democracia puede fortalecer sus instituciones precisamente cuando enfrenta problemas que ponen a prueba su capacidad de respuesta. Igualmente llamativo es lo que ocurre con el Estado de Derecho y con los procesos electorales. En 2025, año marcado por elecciones presidenciales y parlamentarias, no se registró deterioro en la calidad de los procesos electorales ni en el respeto del proceso electoral y sus resultados. Tampoco hubo variaciones negativas en la independencia efectiva entre los poderes del Estado, la vigencia de los derechos humanos o el derecho de asociación y reunión.

Pero por segundo año consecutivo, la dimensión “Gobierno responsable y eficaz del Estado” retrocedió. El deterioro más significativo dentro de esa dimensión correspondió a la variable equilibrio fiscal y se encuentra respaldado por antecedentes públicos y confiables, entre ellos el informe del Consejo Fiscal Autónomo de octubre de 2025 que advertía sobre un cuadro de “estrés fiscal prolongado”. También retrocedieron la capacidad del Estado para reaccionar ante crisis y la modernización del Estado, mientras la eficacia estatal y la calidad de su administración -particularmente en educación y salud- mostraron avances menores.

El otro retroceso, aunque bastante menor, se produjo en “Libertades y Participación”. La causa principal se encuentra en la libertad de expresión, afectada durante el proceso electoral por la proliferación de noticias falsas en las redes sociales. No es un detalle menor. Una democracia puede mantener intactas sus elecciones y sus instituciones formales y, sin embargo, deteriorar la calidad de su deliberación pública si los ciudadanos toman decisiones sobre la base de información deliberadamente engañosa. Finalmente, 11 de las 28 variables no experimentaron variación significativa. Entre ellas la igualdad de género, la vigencia de los derechos humanos, la independencia efectiva de los poderes del Estado, la calidad de los procesos electorales y el respeto de sus resultados.

El índice, así, no muestra una debilidad democrática ni mucho menos, pero sí un Estado que necesita mejorar. O, de otro modo: la democracia chilena tiene problemas, pero no son los que más ruido producen en el debate político. Por ello, si las elecciones funcionan, si sus resultados son respetados, si el Estado de Derecho se mantiene, si los derechos humanos no retroceden y si cinco de siete dimensiones de la democracia mejoran, parece excesivo creer que un pensamiento o una fe puedan ser suficientes para destruirla. Lo que sí es peligroso para la democracia es preocuparnos y descalificar como un peligro para ella la manera de pensar de quienes piensan distinto de uno. Ese es un camino que lleva, más rápidamente de lo que se cree, a concebir la necesidad de “proteger” la democracia prohibiendo o persiguiendo el pensamiento de otros: una forma de barbarie, esa sí, claramente ajena a la democracia.

Lo que muestra el Índice elaborado por la Universidad Miguel de Cervantes es que los problemas de nuestra democracia no radican en la ideología del Presidente de la República, en la de su partido, en la del Partido Nacional Libertario, en la del Frente Amplio o en la del Partido Comunista: la democracia no reprime el pensamiento y los acepta a todos como base del diálogo democrático. El verdadero problema que ese Índice muestra es que nuestra democracia está funcionando mejor de lo que creemos, mientras el Estado funciona peor de lo que necesitamos. La verdadera tarea que nos encomienda es lograr, con la democracia que tenemos no con la que sueñan o proclaman unos u otros, que el Estado funcione mejor, que las cuentas públicas sean sostenibles, que la administración se modernice y que pueda reaccionar con eficacia ante las crisis; y que las noticias falsas sean eliminadas sin victimizar con ello a la libertad de expresión.

Todo esto es bastante menos épico que denunciar el pensamiento, la ideología o la religión del otro como una amenaza para nuestra democracia, pero probablemente sea bastante más útil para fortalecerla. (El Líbero)

Álvaro Briones