Desde un inicio la educación fue uno de los pilares fundamentales de la campaña presidencial del actual gobierno. Sin embargo, su gestión en esta materia se caracterizó por una serie de errores que llevaron al desarrollo de políticas públicas deficientes, tales como los escasos esfuerzos en materia de reactivación educativa; la equívoca idea de intentar terminar con los Liceos Bicentenario; y la incapacidad de proponer mejoras efectivas al Sistema de Admisión Escolar, entre otros. Por otro lado, también hubo bastantes desaciertos en el cálculo de los procesos legislativos, teniendo como efecto la conclusión apresurada de varias iniciativas. Respecto de este último punto, existen varios ejemplos relevantes por mencionar.
En primer lugar, se encuentra el proyecto de ley que busca crear el FES y condonar parcialmente el CAE, compromiso emblema del gobierno que fue presentado en octubre de 2024. Durante su tramitación, el proyecto recibió numerosas críticas por parte de diversos expertos y, en consecuencia, su discusión se dilató. Es más, no solo se detectaron falencias de diseño, sino que también inconsistencias contables y omisiones en los informes financieros, lo que fue relevado tanto por el Consejo Fiscal Autónomo como por la Contraloría. El ministro de Educación declaró estar dispuesto a introducir cambios necesarios para avanzar en su tramitación, sin embargo, dichas propuestas sólo se dieron a conocer en las últimas sesiones y, dada su insuficiencia, tampoco fueron capaces de abordar las deficiencias más críticas. Ahora, quedando prácticamente una semana legislativa antes del cambio de mando, el proyecto sigue sin ser votado en general en segundo trámite constitucional.
En segundo lugar, está el proyecto de ley que regulaba las nuevas exigencias para entrar a las carreras de pedagogía, presentado en abril del 2025. Tras varias críticas, su avance fue mucho más lento de lo estimado por el Ejecutivo, viéndose obligado a cambiar radicalmente el contenido del proyecto para destrabar su discusión. El retraso fue tal, que la ley fue publicada en el Diario Oficial tan sólo seis días antes de la apertura del proceso de postulaciones de 2026, lo que a su vez generó un desfase técnico en la plataforma virtual del Demre causando gran incertidumbre en los postulantes de pedagogía.
En tercer lugar, se encuentra el proyecto de ley de sala cuna presentado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en enero de 2022. Según los movimientos del expediente de tramitación, la iniciativa estuvo estancada en el Senado por casi dos años sin que el actual Ejecutivo renovara la urgencia para su discusión. Recién en mayo del año pasado éste ingresó una indicación sustitutiva que alteró sustancialmente su contenido, teniendo como consecuencia obvia una prolongación en su discusión. En noviembre, la iniciativa volvió a la Comisión de Educación, que a la fecha se encontraba discutiendo simultáneamente al menos cuatro otros proyectos con diversas urgencias. Si bien durante el receso legislativo el gobierno ha declarado en diversos medios la importancia de concluir la tramitación de esta iniciativa, no se ha hecho cargo de que los cambios sustanciales que este mismo introdujo y la tardía asignación de las urgencias fueron, en gran medida, la causa de la demora en su tramitación, sobre todo tomando en cuenta que este proyecto se encuentra en primer trámite constitucional desde el gobierno anterior.
Finalmente, proyectos de suma importancia como el que modifica el sistema de educación pública; el que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años; y el cuestionable proyecto de ley sobre convivencia escolar, salieron del Congreso el último día antes del inicio del receso legislativo de 2026, tras una acelerada conclusión de su discusión.
Esta seguidilla de errores demuestra un patrón que se repite: los malos cálculos de los tiempos políticos, la subestimación de la complejidad técnica de las iniciativas y la sobreestimación de la capacidad de imponer urgencias, derivaron en que, durante los últimos meses de gobierno, el Ejecutivo presionara fuertemente al Congreso en un intento desesperado por estirar su lista de legados en educación. Este fracaso permite concluir que un gobierno exitoso no se define por la cantidad de leyes promulgadas, sino por la calidad de las políticas públicas. Una perspectiva sensata hubiese requerido de reformas bien diseñadas, fiscalmente responsables y políticamente viables. Sin eso, cualquier cálculo termina siendo un error. (El Líbero)
Danae Sukni Guzmán