Una profunda crisis de gestión enfrenta el Ministerio de la Mujer tras revelarse un error millonario en el pago de remuneraciones que se arrastró desde el año 2020. La falla administrativa, detectada tras la salida de la exsubsecretaria Luz Vidal, consistió en la aplicación incorrecta de reajustes salariales, ignorando la reforma constitucional que congeló los sueldos de las altas autoridades. Este descuido resultó en un sobrepago acumulado de aproximadamente 312 millones de pesos que benefició a diversas autoridades, incluyendo a la ministra Antonia Orellana.
El hallazgo se produjo de manera fortuita cuando un nuevo funcionario, al revisar los trámites de salida de la exsubsecretaria Vidal, notó que los cálculos no se ajustaban a la normativa vigente. Según los antecedentes, la persona encargada del área de remuneraciones entre 2019 y 2024 continuó aplicando incrementos legales como si la restricción de sueldos para altos cargos no existiera. Ante la detección del error, tanto la ministra como la exsubsecretaria procedieron a restituir los montos brutos percibidos en exceso, iniciando gestiones para recuperar los aportes previsionales desde las instituciones correspondientes.
La situación ha provocado una ola de críticas transversales en el Congreso, donde parlamentarias de diversos sectores calificaron el hecho como impresentable y reflejo de una gestión deficiente. Desde la oposición, las diputadas Flor Weisse y Chiara Barchiesi cuestionaron la fragilidad de los controles internos y la demora en concluir el sumario administrativo iniciado en abril de 2025. Por su parte, representantes del oficialismo y sectores de centro, como Ana María Bravo y Erika Olivera, enfatizaron que la transparencia no es opcional y exigieron auditorías en otros servicios públicos para descartar irregularidades similares.
El caso ha reavivado el debate sobre la modernización del Estado y la protección de los recursos públicos. Legisladoras advirtieron que este tipo de falencias administrativas debilitan la confianza ciudadana y la fe pública, especialmente cuando los montos involucrados podrían haberse destinado a necesidades sociales urgentes. Mientras el sumario administrativo sigue su curso para determinar responsabilidades, el Gobierno enfrenta la presión de demostrar que cuenta con mecanismos de control capaces de prevenir nuevos perjuicios al fisco. (NP-Gemini-Emol)
