La discusión sobre el alza de los combustibles no era si los precios debían reflejar el aumento internacional del petróleo, sino cómo hacerlo. Mi tesis es que existía una alternativa compatible con la responsabilidad fiscal que habría reducido el impacto inmediato sobre las familias y el costo político para el gobierno.

Uno de los primeros actos económicos de la nueva administración fue aplicar una fuerte alza a los combustibles: cerca de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y alrededor de $580 en el diésel. La medida se justificó por el aumento internacional del petróleo y la necesidad de evitar un mayor costo fiscal.

Sin embargo, para evaluar si existían alternativas es importante distinguir entre ambos combustibles. En el caso del diésel, gran parte del mayor costo termina siendo traspasado a fletes, transporte y, finalmente, indirectamente a los consumidores finales mediante los precios de numerosos bienes y servicios. Por ello, en este caso, existían razones para aplicar el aumento íntegramente desde el primer día.

La estrategia adoptada tuvo además ventajas fiscales que deben reconocerse. Aumentó la recaudación de IVA desde el inicio y probablemente elevó los ingresos del Metro y otros medios de transporte público al encarecer el uso del automóvil particular. Pero esos beneficios deben compararse con el costo de concentrar todo el ajuste en pocas semanas.

Con la gasolina la situación era distinta. Dado que su consumo recae principalmente en automovilistas particulares, existía mayor espacio para distribuir el ajuste en el tiempo, sin comprometer significativamente los objetivos fiscales para evitar (postergar) el fuerte impacto directo en millones de personas

Una alternativa razonable, entonces, habría sido mantener el precio de la gasolina durante el primer mes, aplicar sólo la mitad del alza durante el segundo y completar el ajuste a partir del tercero. De ahí en adelante los precios habrían sido exactamente los mismos que bajo la política efectivamente aplicada.

La diferencia entre ambas estrategias se concentra exclusivamente en los dos primeros meses. El costo fiscal de diferir parcialmente el aumento a las gasolinas habría sido relativamente acotado para una economía del tamaño de Chile y probablemente compensado, al menos en parte, por menores subsidios y medidas de mitigación.

También resulta discutible el subsidio de $100.000 mensuales otorgado a taxis y colectivos. Si disminuye el uso del automóvil, parte de esos viajes se traslada naturalmente hacia taxis, colectivos, buses y Metro. Además, los taxis tienen capacidad para ajustar tarifas y absorber así parte de sus mayores costos.

La conveniencia de una transición gradual era aún mayor considerando la incertidumbre existente en ese momento. Cuando ocurrió el alza nadie sabía cuánto duraría la crisis petrolera. Si los precios internacionales hubiesen retrocedido rápidamente, millones de automovilistas habrían enfrentado un aumento completo de precios que pudo resultar innecesario. La gradualidad funciona precisamente como un seguro frente a esa incertidumbre.

La dimensión política tampoco puede ignorarse. Los ciudadanos reaccionan con mucha mayor intensidad a cambios bruscos que a ajustes graduales. Un aumento de $370 por litro aplicado de una sola vez genera un impacto psicológico y político muy superior al mismo incremento distribuido en el tiempo.

El denominado “bencinazo” ocurrió durante las primeras semanas de gobierno y coincidió con una importante caída en la aprobación presidencial. Es imposible saber cuánto se habría evitado con una estrategia gradual, pero parece razonable pensar que el deterioro habría sido menor. Es probable que la confianza perdida al inicio de un mandato rara vez se recupere completamente.

Los precios debían ajustarse al alza del petróleo. La verdadera discusión era si resultaba necesario trasladar todo el costo de una sola vez cuando existía una alternativa gradual de bajo costo compatible con la disciplina fiscal. Entre subsidiar indefinidamente los combustibles y aplicar un bencinazo inmediato existía un camino intermedio que probablemente habría protegido temporalmente a las familias y reducido el costo político del ajuste.

A veces una buena política económica no consiste en evitar los ajustes necesarios, sino en administrar cuidadosamente su velocidad y distribución en el tiempo. (El Líbero)

Jorge Claro Mimica