El trabajo ahora del Presidente electo, Gabriel Boric, y su equipo programático político se divide en dos: por un lado, iniciar la búsqueda de nombres para conformar su gabinete, y por otro avanzar en la estrategia legislativa de sus reformas emblemáticas: tributaria, pensiones y laboral son tres de sus ejes centrales y para cada una de ellas ya se trabaja en la fórmula legislativa.
En pensiones se anticipó ya que habrá un trabajo prelegislativo y de conversación con la sociedad civil, por lo que no entraría de inmediato una vez asumido el gobierno en marzo. En lo laboral, la expectativa es que se pueda iniciar con esa agenda más hacia el segundo semestre. Todo esto porque se le quiere dar prioridad a los cambios impositivos, que es el esqueleto central del programa de Apruebo Dignidad.
Y por ello, se definió que será el primer proyecto que el gobierno de Gabriel Boric tramitará. Así lo anticipaba la coordinadora programática de la candidatura, Javiera Martínez, en una reciente entrevista con Pulso: “Hay cierta claridad de la urgencia de la reforma tributaria, porque es la columna vertebral para los proyectos que vienen después”.
La propuesta tributaria final de Boric incluye una recaudación estimada de 5 puntos del PIB en los cuatro años de gobierno, por debajo de los 6 puntos que se contemplaban anteriormente, pero mantiene como horizonte los 8 puntos del PIB para un plazo de ocho años.
Entre las medidas que se proponen para elevar la carga tributaria están los cambios al impuesto a la Renta, eliminación de exenciones, impuesto a la riqueza, impuestos verdes, Royalty, medidas contra evasión y elusión. En conjunto ellas sumarían la recaudación necesaria para poder ejecutar los cambios propuestos.
En el trabajo de convergencia programática que se realizó ente los equipos de Yasna Provoste, Marco Enríquez Ominami y los de Gabriel Boric se estableció como compromiso la consolidación fiscal, y por ello se espera aumentar la recaudación fiscal para financiar las medidas propuestas en el programa de Gobierno y asegurar las condiciones para reducir el déficit fiscal y la estabilización de la deuda pública. Y además se mencionó que “el sistema tributario es una herramienta para financiar la expansión de derechos sociales, pero además es necesario que esos fines se logren mejorando la progresividad del sistema tributario chileno”.
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Hasta ahí hay consenso pleno. Sin embargo, donde no hubo un acuerdo y se presentaron distintas miradas es en la mejor forma de tramitar los cambios impositivos: lo que se conoce como la estrategia legislativa.
De acuerdo a quienes participaron de esas reuniones no hay una solo mirada de si se enviará un sólo paquete tributario, o bien se pueden separar de acuerdo a sus objetivos. “Están repartidas las opiniones”, dice un conocedor de este proceso.
Para algunos, las forma en que se diseñó el trabajo permite separar por materias y así enviar los proyectos de ley. Por ejemplo, se pueden enviar por separado proyectos de exenciones y evasión, elusión e impuestos verdes. Mientras que aparte se podría tramitar los impuestos patrimoniales. Como otra iniciativa los cambios al royalty y los impuestos verdes. En cambios, otros eran más partidarios de ingresar una gran reforma para que avance en conjunto y así no correr el riesgo de que un proyecto se atrase con respecto a otro.
Las fuentes consultadas aseguran que no hay nada definido todavía y que lo más probable se comience a acelerar ese trabajo más fino una vez que ya esté completado el gabinete y en especial el Ministro de Hacienda, clave en esta materia, porque será quien lidere la discusión impositiva.
No obstante, lo que sí está claro es que en el cronograma del equipo se tiene implícitamente incorporado que la reforma tributaria se aprueba en 2022, porque los recursos que provengan de ella ya se consideran en la meta de reducción del déficit fiscal estructural para el año 2023. (Pulso)
