Una aplicabilidad es el documento mediante el cual el Estado reconoce el derecho de una comunidad o persona indígena a recibir tierras como reparación por la pérdida o afectación de su título de merced. Durante el gobierno de Gabriel Boric se ha alcanzado el mayor número de estos reconocimientos desde la creación del mecanismo en 1993, con 242 aplicabilidades otorgadas, superando a administraciones anteriores como la de Ricardo Lagos.
Pese a este aumento, el sistema enfrenta cuestionamientos estructurales. Actualmente existen más de 700 comunidades con aplicabilidad reconocida que aún no reciben tierras, con tiempos de espera que fluctúan entre 20 y 25 años. Según estimaciones, incluso sin nuevas solicitudes, resolver toda la demanda podría tardar entre 80 y 162 años, lo que evidencia una limitada capacidad operativa del sistema.
Durante 2025, el gobierno otorgó aplicabilidad a 97 comunidades, pero solo 10 recibieron efectivamente tierras, lo que refuerza las críticas respecto a la brecha entre reconocimiento y ejecución. Desde sectores vinculados a la Comisión para la Paz y el Entendimiento se advierte que estas cifras podrían generar expectativas que no se concretan, calificando el mecanismo como insuficiente en su estado actual.
Otro foco de cuestionamiento apunta a los criterios de asignación, ya que en un 93% de los casos las solicitudes reciben una respuesta favorable por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Además, se han detectado casos en que comunidades obtuvieron aplicabilidad en plazos considerablemente más breves que el promedio histórico, generando dudas sobre eventuales privilegios o conflictos de interés.
Entre los ejemplos mencionados, destacan comunidades que lograron el reconocimiento en cerca de dos años, lo que ha generado cuestionamientos incluso dentro del propio mundo mapuche. Dirigentes y expertos advierten que estas situaciones afectan la credibilidad institucional y plantean la necesidad de revisar los procedimientos para garantizar transparencia e igualdad ante la ley.
Asimismo, críticas desde la Macrozona Sur apuntan a que el sistema podría estar siendo utilizado con fines políticos, bajo la lógica de “comprar paz” mediante la entrega de beneficios. En este contexto, se ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para realizar auditorías y esclarecer posibles irregularidades en la asignación de aplicabilidades.
El debate también se extiende a la efectividad de la legislación vigente. Expertos y actores del sector coinciden en que el mecanismo requiere reformas estructurales que permitan responder de manera oportuna a las demandas históricas, evitando al mismo tiempo eventuales usos discrecionales del sistema. (NP-ChatGPT-El Líbero)