“Lo mío era mucho más simple, sentí la necesidad del ejercicio de la libertad, lo que es consustancial a la democracia… Yo quería una equivalencia entre los seres humanos, lo que significa que todos los seres humanos tienen derecho a la misma libertad”.
Edgardo Boeninger, en La igual libertad, de Margarita Serrano
Tengo el libro de Margarita Serrano a mano, como lo he tenido tantas veces. Volví a la contratapa esta semana, después de leer los diarios, y me detuve en esa frase de mi padre. Todos los seres humanos tienen derecho a la misma libertad. La leí una vez y la volví a leer, y sentí las tres cosas que dan título a esta columna. Tristeza primero. impotencia después. Y al final, rabia.
Porque el jueves 30 de julio un adolescente de 15 años murió apuñalado a la salida del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en San Bernardo, tras una riña que según los primeros antecedentes se habría originado dentro del establecimiento.
Porque tres días antes, en la Escuela Básica Islas de Chile, en La Granja, una niña de segundo básico fue herida con un arma blanca en los baños por una compañera de octavo. Una niña de siete años, en un baño de escuela.
Porque el viernes anterior, frente al Instituto Nacional, una bomba molotov lanzada desde el interior del colegio cayó sobre un auto estacionado en el que había dos niños de 6 y 7 años, que alcanzaron a ser rescatados por la puerta trasera antes de que el fuego avanzara.
Una semana. Tres hechos. Y en dos de ellos, una niña de siete años.
La libertad es, una palabra grande y una realidad pequeña.
Conviene fechar esta escalada de violencia, porque la memoria pública es corta y el olvido siempre favorece a quien no quiere cambiar nada. No empezó este año. Los encapuchados con overoles blancos aparecieron en 2014, cuando un grupo salió desde un campus universitario y atacó un cuartel de la Policía de Investigaciones, y desde 2018 no se han ido de los liceos emblemáticos. Este año escolar comenzó con un alumno del Barros Arana sorprendido con una escopeta artesanal, siguió con el asesinato a cuchilladas de una inspectora en Calama el 27 de marzo, y acumuló treinta y dos eventos violentos en establecimientos de la Región Metropolitana sólo entre marzo y abril, con cuarenta y tres detenidos, la mayoría menores de edad. Doce años mirando lo mismo.
Ante esa escalada el Congreso aprobó el 2 de junio la ley llamada Escuelas Protegidas. La oposición la llevó al Tribunal Constitucional y el 23 de junio el Tribunal declaró inconstitucionales normas de cuatro de sus ocho artículos. Entre ellas, la que permitía recurrir a Carabineros o a la Policía de Investigaciones cuando el alumno se niega a mostrar sus pertenencias y el apoderado no concurre. Lo que quedó en pie es una revisión excepcional e individual, en un lugar privado, caso a caso con orden judicial. Nadie puede revisar en la puerta a todos por igual. Hay violencia, está fechada y está documentada, y no existen los medios legales para frenarla.
Si uno entra al país es revisado. En un aeropuerto, en un tribunal, en un estadio, en un banco. Aceptamos ese gesto mínimo porque protege a todos por igual y porque nadie está siendo señalado. Sólo en la escuela se volvió intolerable, y eso es lo que la ideología impide en Chile. El control parejo es el único que no discrimina a nadie. El selectivo, el que exige un motivo fundado sobre un alumno en particular, es el que carga con la sospecha y el que un inspector dudará en aplicar por miedo a la denuncia. En nombre de la no discriminación se descartó la medida igualitaria y se dejó la estigmatizante.
Si algunos pueden entrar armados y nadie lo impide, la conclusión lógica es incómoda. ¿Tendrían que portar todos los alumnos un arma para defenderse? Porque total, si algunos pueden, pueden todos. Ese es el punto exacto en que un problema de seguridad se convierte en un problema de igualdad. Donde la ley no protege parejo, la protección se privatiza. Y donde la protección se privatiza dejan de existir ciudadanos y empiezan a existir clientes. La libertad de educarse bien y sin violencia está en juego en la educación pública.
Libertad no hay y punto.
Igualdad no hay y punto.
Lo mismo ocurre con la inseguridad.
Quienes más tienen se protegen mejor y se exponen menos. Viven en barrios con guardia, tienen alarma, cámara, portón eléctrico, auto propio y estacionamiento cubierto. Quienes menos tienen caminan de noche hasta el paradero, esperan una micro que demora, vuelven de madrugada de un turno y escuchan balaceras. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana entregada este mes trae descensos significativos, con la victimización por delitos violentos bajando a 7,9% de los hogares. Son buenas noticias y hay que decirlas, porque quien sólo reconoce las cifras que le convienen pierde el derecho a ser creído. Pero la misma encuesta muestra que el 65,5% de las personas todavía teme caminar sola de noche por su barrio, que el 82,9% cree que la delincuencia aumentó y que la mejora no se reparte pareja, porque hay comunas donde nada mejoró y porque la Región Metropolitana sigue concentrando la mayor victimización del país. La inequidad en esta materia es brutal, porque protegerse cuesta dinero.
Una tercera forma de desigualdad es el aumento del desempleo y aumento de la informalidad. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la desocupación llegó a 9,4% en el trimestre abril junio, el nivel más alto en cinco años, con la informalidad en 27%. Entre los jóvenes de 15 a 24 años la desocupación bordea el 24%. El desempleo femenino lidera el alza. Un país con casi un cuarto de sus jóvenes sin trabajo y con más de uno de cada cuatro ocupados sin contrato ni cotizaciones no tiene un problema de estadísticas, atraviesa una grave situación que solo aumenta la inequidad. ¿Es libre quien no consigue trabajo? La libertad de quien no puede elegir su trabajo, ni renunciar, ni proyectar un año hacia adelante, es una libertad apenas nominal.
Creo que la izquierda que gobernó hasta marzo, y también la que gobernó antes, debe revisar con honestidad qué hizo mal en estos tres frentes. No es una recriminación de trinchera. Es una petición de método. Se defendió durante años la idea de que la autoridad en la escuela era autoritarismo, que revisar era estigmatizar y que exigir orden era criminalizar la pobreza. Esa idea se aplicó y hoy tenemos el resultado a la vista. Se sostuvo que el crecimiento era secundario frente a la redistribución, y hoy tenemos el desempleo más alto en cinco años. Se miró hacia otro lado cuando la violencia se presentó vestida de causa social. Revisar eso no es rendirse. Es lo que hace cualquiera que quiera volver a gobernar con algo más que consignas. Y lo digo con la misma franqueza hacia el gobierno actual, que no puede quedarse en el diagnóstico, porque le tocó ganar prometiendo orden y el orden todavía no llega a la puerta de esos liceos.
Todos los seres humanos tienen derecho a la misma libertad. No a una libertad parecida, ni a una proporcional al barrio en que nacieron. A la misma. La igual libertad no es un juego de palabras, es la única libertad que vale, porque la otra, la que sólo alcanza a quien puede pagarla, tiene otro nombre y todos lo sabemos.
Una sociedad entera siente impotencia, tristeza y rabia ante la falta de solución a problemas tan importantes y complejos. (El Líbero)
Iris Boeninger
