El pasado martes, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó su Informe al Presidente de la República. Se trató de un acto que debe analizarse escapando a las mezquindades propias del momento electoral. Un análisis así quizás nos permita comprender las bondades que el trabajo de la Comisión y su Informe aportan a nuestra convivencia democrática, a la vez que identificar las limitaciones de ese trabajo y la necesidad de superarlas.
De lo primero que debemos congratularnos es que la Comisión haya existido y funcionado, porque significó no sólo el reconocimiento de un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, como señala el Resumen Ejecutivo entregado por la misma Comisión, sino también la voluntad nacional de buscar caminos de solución a ese conflicto por la vía del diálogo entre sus tres actores: el Estado, representado por funcionarios del Ejecutivo y miembros del Congreso; el pueblo mapuche por intermedio de calificados personeros y los agricultores de la zona en que se sitúa el conflicto representados por el presidente de una de sus asociaciones.
Y se debe hablar de voluntad nacional porque, en el momento inaugural de la Comisión, todos los partidos políticos que entonces contaban con representación en el Congreso firmaron el documento “Bases para la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento”, mediante el cual se comprometieron a respaldar el trabajo de la Comisión y contribuir a que sus propuestas fuesen viables. Este compromiso, según destacó la propia Comisión en el Resumen Ejecutivo de su Informe, convirtió a ésta en un “esfuerzo excepcional de transversalidad y en una política de Estado”. Eso, precisamente, fue la Comisión. Y se debe agregar que la decisión de todos los partidos del espectro político del país, de intentar la solución a un problema nacional por la vía del reconocimiento mutuo, el diálogo y la búsqueda de consensos, fue una victoria de la democracia y debe ser considerada el primer paso hacia el fin del largo período de polarización y negación de la política que hemos arrastrado desde hace ya una década.
La Comisión no fue convocada para elaborar proyectos de ley ni proposiciones que tuviesen un carácter de obligado cumplimiento por órgano oficial alguno, sino, como se señala en el Decreto Supremo que la creó, para cuantificar la demanda de tierras por parte del pueblo mapuche, para analizar y recomendar mecanismos, reformas, condiciones y formas de reparación que contribuyeran a la paz y el entendimiento entre los actores y “para propiciar un proceso de diálogo entre los distintos actores de las regiones involucradas con el objeto de alcanzar consensos y otorgar legitimidad a las políticas y soluciones que proponga”.
Creo que, en buena medida, lo lograron. La Comisión, con el consenso de todos sus miembros, logró cuantificar la demanda de tierras por parte de comunidades mapuche actualmente institucionalizada y también la que se generaría si se diera la oportunidad de postular a otras comunidades en el marco de una nueva política de reparación. También cuantificó el costo total de esa reparación. Esa constatación fue complementada con un diagnóstico relativo a las deficiencias y limitaciones de los actuales mecanismos de reparación, así como de la realidad social y económica de las regiones afectadas.
El diagnóstico señala que, para avanzar “hacia un futuro de paz y entendimiento” en esas regiones, es necesario que el Estado lleve a cabo medidas reparatorias que promuevan el reconocimiento integral del pueblo mapuche, aborden la gran brecha en las demandas de tierras y reconstruyan los vínculos sociales, culturales y productivos que han sido afectados. Y junto con esa necesaria reparación, también la reparación a las víctimas de la violencia que grupos terroristas -amparándose en el reclamo de tierras- han causado en esas regiones.
El Informe incluye veintiún proposiciones que abarcan todos los temas abordados en el diagnóstico. Su amplitud le permite sugerir nuevas leyes y nuevos mecanismos para abordar las que estima soluciones a los problemas identificados. Estas van desde el reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios hasta la preservación de sus lenguas y de sus formas de organización propias, a las que en algún párrafo se hace referencia como “gobernanza” lo que ha exacerbado las críticas al Informe. Con relación a las tierras comprendidas en los procedimientos de reparación, propone un nuevo sistema que incluye formas de financiamiento de su costo, a la vez que permite que esas tierras sean negociables. También propone formas alternativas de reparación en otros bienes o en dinero.
Todas estas proposiciones o sugerencias no dejan de ser más que eso, pues, como está dicho, no son de obligado cumplimiento, sino que se ofrecen para que gobernantes y legisladores decidan su aplicación o no y la forma de hacerlo. No tiene sentido, en consecuencia, “rechazar” el Informe, como ha terminado por ocurrir en el ámbito político por lo general con una sobrecarga de adjetivos. Ese sobrecalentamiento crítico probablemente tenga origen en el momento electoral, que seguramente será un determinante fundamental de nuestra existencia hasta noviembre próximo. Sin embargo, es recomendable hacer un esfuerzo y substraerse a ese momento para, como me atreví a escribir al comienzo de estas líneas, no sólo valorar lo valorable de la experiencia de la Comisión, sino también entender y quizás aprender, de sus limitaciones.
¿Cuáles son estas limitaciones o por lo menos la principal de ellas? Para reconocerla es necesario tener presente que un esfuerzo de esta naturaleza, que en su forma tiene su mayor virtud -en este caso la deliberación de los actores concernidos en el problema- exige el concurso de todos esos actores a sus resultados. Por eso es que debe entenderse que los comisionados, y con ellos aquellos a quienes ellos representaban, fueron convocados para conocerse y reconocerse en sus similitudes y diferencias, y buscar mediante el diálogo, caminos de solución que fuesen satisfactorios para todos. Que fueron convocados para reconocer y aceptar proposiciones del otro cediendo en las propias y para buscar que el otro hiciese lo mismo con relación a las suyas. Esa fue, probablemente, la razón por la que ellos mismos se autoimpusieron la unanimidad en sus decisiones.
Pero, como se sabe, esa unanimidad no se logró pues se restó a la firma final -a pesar de que había concurrido a la mayor parte de los diagnósticos y proposiciones- el representante de los agricultores de la zona. Esa ausencia anula la característica principal de la Comisión y la que justifica su existencia. Una existencia que estaba validada por su pluralidad y que les confería a sus productos (diagnóstico y proposiciones) el valor de haberse originado en quienes eran también responsables de su respaldo social y de su materialización práctica. Si uno de esos actores se resta a concurrir al acuerdo, está restando también el respaldo del grupo social o la institución que representa. Al no firmar el representante de los agricultores, no se restó uno de los ocho miembros de la comisión: se restó uno de los tres actores que la componían. De ese modo, un proyecto que pudo haber sido nacional se convirtió en uno que no lo es. Esa es sin duda la mayor limitación de la experiencia de la Comisión y probablemente determinará el tratamiento futuro de sus conclusiones.
Con relación a una crítica recurrente al Informe, en mi opinión errónea, vale la pena agregar todavía unas palabras. Se dice que éste no ofrece soluciones a la violencia practicada por grupos terroristas en la zona. Es verdad, no lo hace, porque la Comisión no fue convocada para ello. Sin embargo, el trabajo de la Comisión sí tiene un efecto directo sobre esa situación de violencia: ha demostrado que los actores de este conflicto sí pueden reunirse y buscar, mediante el diálogo, una solución a éste, aun cuando en este caso no se haya conseguido un acuerdo total. Con su diálogo y su búsqueda de acuerdos, el Estado, el pueblo mapuche y los agricultores de la zona, han terminado por aislar a los terroristas y demostrar que son una minoría sin sustento alguno en nuestro país. (El Líbero)
Álvaro Briones
